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La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados ha puesto en tabla para el lunes 29 de abril, la discusión del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, también conocida como “Ley Hinzpeter”. El gobierno presentó el 18 de abril pasado una serie de indicaciones, que modifican la redacción del artículo 269 del Código Penal, y agregan nuevos artículos no contemplados en el proyecto original.

“Es cierto que las indicaciones acotan de manera importante el texto originalmente propuesto del artículo 269 del Código Penal, eliminándose algunos de nuestros puntos de preocupación, como por ejemplo, la sanción a quienes convoquen a manifestaciones”, resaltó Ana Piquer. “Sin embargo, la mantención de una redacción amplia en el caso de cortes de tránsito, sigue siendo motivo de preocupación”.

El derecho de reunión pacífica en un lugar público puede tener como límite el orden público, pero este límite debe ser proporcional al objetivo. “No es razonable esperar que las manifestaciones no perturben el tránsito en alguna medida, por lo que las restricciones basadas en el orden público deben ser especialmente limitadas de manera de no implicar una restricción desproporcionada a este derecho”, explicó Piquer.

Adicionalmente, las indicaciones agregan dos aspectos nuevos, no incluidos en el texto original, que resultan de preocupación. El primero, es el establecimiento como agravante la comisión de determinados delitos dentro del contexto de un evento masivo o una manifestación. Al respecto, Ana Piquer señaló: “Estos delitos, que ya están penalizados en la ley, debieran ser investigados y, si procede, debidamente juzgados, pero la pena no debiera ser distinta a si se cometiera en cualquier otro contexto. Incrementar la sanción de un delito solamente porque se comete en el contexto de una manifestación, en la práctica constituye un castigo por participar en la manifestación y puede tener como efecto restringir el derecho de reunión.”

En segundo lugar, las indicaciones agregan el actuar cubriendo el rostro no sólo como una agravante a la comisión de delitos, sino también establecen como una falta el sólo hecho de estar presente en un “desorden público” con el rostro cubierto con capuchas, pañuelos u otros elementos análogos. “Aquí nuestra preocupación sigue estando vinculada con la proporcionalidad de la medida. El Estado no puede determinar qué vistan o utilicen las personas en las reuniones o manifestaciones, eso está protegido por la libertad de expresión. Esta norma en la práctica establecería una prohibición total del uso de cualquier elemento que cubra el rostro, lo cual es desproporcionado para lograr el objetivo de evitar la violencia”, detalla la directora ejecutiva de la organización internacional.

“El Estado tiene por una parte, el deber de mantener el orden público y proteger la seguridad de las personas, y por otra parte, de resguardar derechos humanos como el derecho a reunión y la libertad de expresión. Entendemos que este es un equilibrio difícil”, indicó Ana Piquer y agregó “lo que preocupa a Amnistía Internacional es que resulta imposible lograr este equilibrio mediante leyes que desde su definición estigmatizan las manifestaciones públicas y con ello la libre expresión. Esto es lo que se logra a través de una ley que tipifica, específicamente, los delitos cometidos en manifestaciones con una penalidad superior a si el mismo delito se comete en otro contexto”.

Amnistía Internacional ha intentado tomar contacto con los y las diputados/as integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de hacer presente sus preocupaciones, sin haber recibido aún respuesta. Al respecto, Ana Piquer señaló:“Lamentamos que este debate se haya realizado hasta ahora en el Congreso sin asegurar la participación de la sociedad civil. Teniendo ya más de 11.500 firmas recolectadas en apoyo a nuestras preocupaciones, esperamos que los y las parlamentarios/as las tengan en cuenta a la hora de debatir el proyecto el próximo lunes 29”.