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Chile se caracterizó históricamente por una intensa vida política y sustantivos avances en las políticas sociales durante la década de los ´60 e inicios de los ´70, en donde existía mayor conocimiento y cierto apego a las actividades socio-políticas con mayor compromiso y comprensión de las circunstancias y la responsabilidad social que tenía el ciudadano común. Esta capacidad político social, junto a los lazos de solidaridad internacional existente en esos años, permitieron mantener un tejido social activo durante el período de la dictadura pese a la intensa represión política y la grave limitación de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales.

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En los ´90 la Agenda para la Transición Democrática de Chile expreso prioridades y muchas expectativas de recuperación social y política para el proceso de democratización. Sin embargo, luego del impulso del primer gobierno de la Concertación entre 1990 y 1993, esta Agenda se desperfiló, quedando cada vez más atada a las condicionantes del marco jurídico sectorial y constitucional diseñado durante el período militar. Ello, junto a la opción de administrar con pocas modificaciones y, hasta profundizar, aún más, el sistema económico implantado en dictadura, debilitó el arranque y la capacidad para continuar implementando la agenda democratizadora.

A mediados del tercer gobierno de la concertación -gobierno de Ricardo Lagos- la ausencia de un proyecto país progresista y la opción por una sesgada "Agenda Pro-Crecimiento", se evidenció un estancamiento de la Agenda de la Transición y, al mismo tiempo, reflejó un debilitamiento de las Organizaciones Ciudadanas y de los Movimientos Sociales de interés público, además de una desmotivación política de la ciudadanía agravada por las muestras de corrupción que no distinguen los ejes de derecha e izquierda sin distinción.

Hoy la fotografía social que muestra la actividad político social del país es resultado de la falta de preocupación de los gobiernos [especialmente concertacionista-nueva mayoría], con una nula red social que permita la profundización de la democracia ciudadana, la participación activa de sus dirigentes sociales, ausencia de empoderamiento y conocimiento y, el surgimiento de líderes y lideresas que distingan claramente su rol principal en la sociedad civil.

De igual forma, la inexistencia de una red social que dé cuenta de la realidad social y política del país, su interpretación y sus contradicciones hacen que precisamente el enemigo de una comunidad organizada sea un modelo que se instauró por la fuerza y hace que el opresor no tenga un rostro visible a quién repudiar, confundiendo a sus creadores con sus administradores, y, que se identifica como un modelo mercantilizado, extractivista, desigual, depredador e inhumano, que difícilmente podemos combatir. Todo esto empeorado por la falta de educación cívica formal ausente por casi cinco décadas, lapso de tiempo atribuido a casi dos generaciones, hace que la falta de conocimientos, conciencia social, compromiso y acción sean elementos que indudablemente juegan en contra de la misma ciudadanía.

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