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Mucho se ha hablado en estos días sobre lo innecesario de tener una nueva Constitución. Quienes promueven el rechazo, incluido el Subsecretario de Redes Asistenciales, Ingeniero Comercial Arturo Zúñiga, dicen que “el derecho a la salud ya está garantizado en la constitución” lo que no es real.

Veamos: La salud es un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado con políticas públicas orientadas al buen vivir, a través de un sistema de salud universal, solidario y participativo. El Derecho a la Salud debe estar garantizado por el Estado en todas sus dimensiones, como acceso oportuno, de calidad, con protección financiera, financiamiento de medicamentos y cobertura universal. Esto NO ESTÁ garantizado en la Constitución actual.

La Constitución del 80 comprende la Salud como un derecho de 2a categoría. Se incluyó su acceso, entendido como posibilidad de elección en donde cotizar los recursos de la seguridad social, entregando la opción de que estos recursos puedan ser destinados al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). No considera una comprensión integral de la salud, entendida como bienestar colectivo, superando visiones centradas en la enfermedad.

Es más, para la Constitución vigente, la Salud se concibe como bien de consumo, por lo tanto, la “elección” queda supeditada a la capacidad de pago individual. Adicionalmente se entiende a la salud y los estados de salud de la población, como algo dado por decisiones individuales de cada persona, sin considerar las Determinaciones Sociales de la Salud, que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.

Los Determinantes Sociales de la Salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Mucho de esto lo comprobamos dolorosamente en esta pandemia, donde vimos las mayores tasas de mortalidad en comunas de menores recursos, asociadas además a las muchas enfermedades crónicas que presentaban sus habitantes y no solo por la falta de acceso a atención médica.

Que se termine el Lucro en salud también requiere una Nueva Constitución. Varios fallos del Tribunal Constitucional lo han demostrado, entre ellos los que rechazan la inaplicabilidad de las tablas de riesgo que aplican las ISAPREs que utiliza, entre otros criterios, al género y la edad para aumentar los precios de los planes de salud. Sobre esto hay abundante literatura. Debemos avanzar en prohibir el lucro en prestaciones de salud con fondos públicos y de la seguridad social. 

Queremos una Nueva Constitución que entienda el concepto de salud no limitado sólo a la ausencia de enfermedad, sino con un mayor énfasis en la prevención, la promoción y participación, siguiendo un enfoque de Salud en todas las políticas, incluyendo enfoque de género, diversidad sexual e integrando la cosmovisión de los pueblos originarios. Es decir, comprender la salud integralmente, más allá de la enfermedad y referida al bienestar pleno de la población. 

La Salud que soñamos y queremos debe construirse colectivamente, por eso necesitamos no solo que se garantice como un derecho constitucional, sino que se construya participativamente a través de una Convención Constitucional, donde se representen todas las voces, especialmente de quienes por décadas han vivido en carne propia las injusticias del actual sistema.

Anita Quiroga Araya. Ex Directora Servicio de Salud Atacama