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El tema de la descentralización es un desafío y un proceso que  tiene historia. Ya desde los albores de nuestra vida independiente, se enfrentaron federalistas (que no eran muchos) en contra de unitarios. Obviamente los partidarios de entregar mayor poder a las provincias de la época perdieron la batalla política y militar, ya que en nuestro ADN cultural, poseíamos el gen del centralismo enraizado, producto de una cultura monárquica y geográficamente asilada por barreras naturales que hacía difícil el acceso no sólo de productos, sino que también de “ideas renovadas”.

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Don Diego Portales y con bastante razón, en su carta a su amigo y socio; José Manuel Cea, fechada en marzo de 1822 y que constituye su primer documento político, analizando el caos que se apoderaba del país en esta etapa de formación de la república y de los consecuentes daños económicos que también lo afectaron directamente a él; escribía y sostenía como doctrina en parte de su misiva:

“La  República  es  el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte,  centralizador,  cuyos  hombres  sean  verdaderos  modelos  de  virtud  y  patriotismo,  y  así enderezar  a  los  ciudadanos  por  el  camino  del  orden  y  de  las  virtudes. 

Cuando  se  hayan moralizado,  venga  el  Gobierno  completamente  liberal,  libre  y  lleno  de  ideales,  donde  tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual.”

Esta parte de su pensamiento, que era totalmente válido en sus tiempos, hoy después de 200 años, no tiene ninguna vigencia en lo que dice relación con lo “del fuerte centralismo”. En todo caso; en lo de la virtud y patriotismo, es plenamente pertinente.

Entonces me pregunto si en estos 200 años no han servido de nada y no hemos evolucionado en nada.

Por lo contrario creo absolutamente que en la actualidad existen todas las condiciones para que” parafraseando al gran ministro “tengan parte todos los ciudadanos que viven en regiones” y decidamos libremente una mayor e importante parte de nuestros destinos.

No creo que don Diego Portales, hoy fuera federalista. Pero pienso que si sería un firme partidario de la descentralización.

Chile desde 1974, durante la Presidencia del General Augusto Pinochet, se inició un proceso de descentralización con la creación de la  Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (Conara). Esto fue hito y sus objetivos eran:

• Un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución geográfica de la población y la seguridad nacional.
• Una participación real de la población en la definición de su propio destino, integrándose al proceso de desarrollo de la región.
• Una igualdad de oportunidades para alcanzar los beneficios del desarrollo nacional.
• Un equilibrio fronterizo definido, que hiciera posible una mayor utilización de los territorios y sus recursos, además de una distribución racional de la población nacional.
• La descentralización económica del país, evitando la concentración de las actividades sólo en algunas zonas.

Todo lo anterior estableció una concepción de democratización territorial y se denominó “regionalización” Producto de esta doctrina, se crearon 13 regiones, contando la Metropolitana y se generaron mayores instancias de participación y decisión local.

Desde ahí, con ”luces y sombras” se avanzó. Se crearon los Gobiernos Regionales; se reconoció personería y patrimonio propio; se entregaron recursos para su administración; se eligieron democráticamente autoridades regionales (CORE); y se ampliaron los ámbitos de poder para los territorios. Todas estas normas e instituciones surgieron en distintos periodos y que son obras de más de un gobierno.

De hecho la constitución Política en su artículo 3 define al Estado de Chile como unitario y que su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada. Posteriormente señala que “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del país.” Esta definición constitucional constituye un “mandato para los gobiernos y la totalidad de los poderes del Estado.

Todo este proceso se perfecciona con la promulgación  por parte de la Presidente Michelle Bachelet en enero 2017, de la ley N° 20.990 que dispone una Reforma Constitucional para la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Y posteriormente las leyes N° 21.073 que modifican la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, regulan la elección por sufragio popular del Gobernador Regional, y la Ley 21.074 que norma sobre el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales.

Esta última norma, sobre el Fortalecimiento de la Regionalización del País, establece la dictación de siete reglamentos que se encuentran en distintas etapas de elaboración

Reglamento que establece las abreviaturas para nominación de regiones Publicado en el Diario Oficial el 21 de septiembre de 2018. Reglamento de Política Nacional de Zonas Rezagadas a que se refiere la letra i) del artículo 17 de la ley Nº 19.175. Publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2019. Reglamento que fija, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas. Reglamento que fija las condiciones, plazos y demás materias sobre el procedimiento de transferencia de competencias Reglamento de marcos e ítems presupuestarios regionales. Reglamento que aprueba la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y el Reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Reglamento que establece normas, integración y funcionamiento del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada Región.

A esto se le agrega el traspaso de competencias transitoria a regiones por parte del Presidente de la República, en el, actual Gobierno,

Si se analizan estos hechos uno podría pensar que este proceso corre sin problemas. Pero parece que no es tan así y el “ser o no ser” se impone

Es efectivo que las legislaciones pertinentes poseen deficiencias ya que crea un Delegado Presidencial que en sí debiera existir, pero el problema mayor es que tendrá más poder que el Gobernador Regional en muchos aspectos ya que manejará mayor presupuesto y será quien coordine a los respectivos representantes del gobierno (ministerios) y los servicios. Por otra parte también es cierto, que no se ha legislado acerca del financiamiento de los gobiernos regionales y responsabilidad fiscal (Ley corta) En suma, claramente debilidades que presenta la institucionalidad del gobierno regional.

Pero definitivamente es un avance el elegir el Gobernador Regional, más allá de las imperfecciones jurídicas que presenta la institucionalidad.

Chile es junto a Turquía, son los únicos países de la OCDE que no lo hacen y somos el único país de Sudamérica que no tiene su principal autoridad regional (provincia o estado) elegidos por la ciudadanía (reminiscencias del espíritu monárquico de la época de Portales)

¿Por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no? ¿Por qué en ellos funciona y en Chile no?

Entonces por qué si ya definimos como país avanzar en esta materia. Cada cierto tiempo se  insiste en postergar la elección de Gobernadores Regionales

Es efectivo que hoy vivimos temas complejos sanitarios, es efectivo – como señalé – que la legislación es imperfecta. Pero siempre el nivel central, que está formado también por personas pertenecientes a regiones, se sustrae de compartir el poder con las regiones de Chile y buscan cualquier justificación para dilatar algo que ya es “ley”

La descentralización, llegó para quedarse: el traspaso de competencia y la elección del Gobernador Regional, es un hecho.

Ya habrá tiempo para dotar al Gobernador Regional de mayores atribuciones y para lograr una descentralización fiscal, pero es un innegable avance esta elección. Las nuevas primeras autoridades regionales tendrán, además de su limitada “potestas” una gran “autoritas” que  surgirá de la legitimidad y representatividad emanada de su origen democrático.

¿“Ser o ser” descentralizado como país? La respuesta es SER. Para así reducir aún más las brechas sociales y económicas que se producen generadas por el recalcitrante centralismo, que si bien fue necesario en un momento de nuestra historia, hoy nos achata.

En regiones, tenemos las capacidades y las competencias para gobernarnos en todo lo que corresponde a estos territorios. Gobernarnos dentro de en un estado que es unitario y del cual todos nos sentimos parte pero que requiere mayor justicia, equidad y democracia territorial.