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Como violaciones a los derechos humanos calificaron los integrantes de la Comisión del Senado respecto a los abusos de los que fueron víctimas dos profesoras de Copiapó, quienes denunciaron una brutal experiencia sufrida tras ser detenidas el pasado miércoles 19 de junio, en el marco de una manifestación que realizaban en el exterior del casino Antay en la Región de Atacama.

Trata de Paulina Cuadra Varela y María José Cailly, quienes fueron invitadas por la senadora Yasna Provoste a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía a la última sesión, en la que también intervinieron el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar; y el General Director de Carabineros, Mario Rozas.

En la instancia, la senadora Provoste insistió en que “esto se aleja de los estándares de Carabineros, respecto al respeto y trato digno de las personas. Estamos hablando de profesores, no de delincuentes”.

Asimismo, la parlamentaria por Atacama expresó sus dudas respecto a la investigación interna que se realiza, declarando que “los procesos de notificación a declarar ante la justicia han sido del todo irregulares, generando hostigamiento y temor en las afectadas en sus propias residencias. Necesitamos que esta investigación sea monitoreada a nivel nacional. Los procedimientos fueron irregulares porque los colegas no fueron advertidos por altoparlantes de la llegada de Carabineros y FF.EE., y se les acusó de disturbios en la vía pública y las profesoras estaban en un bandejón desde donde fueron arrastradas a la calzada”.

EL RELATO

Ambas describieron que fueron atacadas por el carro lanza aguas de Carabineros, que les provocó graves lesiones en la piel del rostro; y luego, ingresadas al carro policial. Al interior de éste, comentaron que fueron golpeadas e insultadas tal como se tratara de delincuentes.

María José Cailly explicó que en la comisaría respectiva, “mandan a llamar a una carabinera, quien me ordena entrar a un calabozo y sacarme toda la ropa. Yo entré en pánico y me puse a llorar. Ella no me escuchaba y seguía diciéndome que me sacara todo. Ella se ponía un guante de látex en una mano, lo que más inquietud me provocaba”.

Paulina Cuadra Varela complementó indicando que “cuando pasó esto, empaticé con esta colega entendiendo que es joven, recién egresada, y que estos abusos de autoridad estaban alterando sus nervios. Por eso opté por desnudarme para que la dejaran tranquila”.

Esta docente también reconoció que fue golpeada brutalmente dentro y fuera del carro policial. “Fui arrastrada más de 3 metros en el suelo. Cuando llegué a mi casa y en el hospital al constatar lesiones, vi los efectos del maltrato. Todas mis costillas, glúteos, caderas moradas, y un esquince en mi mano. Esto es un acto vejatorio que no debe repetirse. Mi reclamo es contra los efectivos de Fuerzas Especiales, no contra Carabineros, porque son los primeros quienes tienen este actuar matonesco”, graficó.

Ambas profesoras describieron una serie de burlas y hostigamientos dentro y fuera de la comisaría. Incluso, una vez en su casa, María José asegura que fue notificada del procedimiento en forma irregular, por lo que hizo ver su temor de que la investigación al interior de la institución no se realice con la debida rigurosidad.

Tras los testimonios, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar –visiblemente emocionado- reconoció que “me conmueve profundamente lo relatado. No puede ser que un profesor por defender el derecho a la educación sea humillado de esta forma. El lunes pasado enviamos una carta al ministro Chadwick, donde detallamos una serie de hechos de violencia como los descritos hoy, donde el actuar de Carabineros, pero particularmente el de Fuerzas Especiales, es absolutamente desproporcionado e injustificado. Es como si existieran  dos instituciones distintas, Carabineros y FF.EE.”.

MEA CULPA

Respecto del caso, el uniformado se excusó por no poder entregar mayores antecedentes dado que se realiza un análisis administrativo de lo ocurrido. No obstante, profundizó en los protocolos que utilizan cuando se trata de reestablecer el orden público en el caso de manifestaciones públicas.

Como prueba de su interés, el oficial explicó que se ha reunido con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para estudiar los procedimientos y mejorarlos “porque el afán siempre es resguardar a la ciudadanía, y en un principio, a los propios manifestantes. Los pasos son intentar el diálogo con quienes se movilizan, generar contención con los recursos territoriales y luego, reestablecer el orden público, siempre bajo el principio de responsabilidad el mando. Depende del nivel de resistencia de los manifestantes a dispersarse, se aplican los medios a disposición”.