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En el mes de enero se dio a conocer que el municipio de Copiapó el año 2017 dejaría de percibir $2.559 millones de los Fondos de Subvención Escolar Preferencial -SEP-. Esto debido a que la administración anterior de Maglio Cicardini no habría rendido el 70% de los recursos entre el 2012 y el 2015, situación que ha debido enfrentar el recién asumido alcalde Marcos Lopez. El problema ha afectado a 15 colegios municipales de Copiapó, que involucra a 11.200 alumnos de los 21.300 que tienen dentro de la matrícula.  

Esta situación no solo afecta a más del 50% de los estudiantes más vulnerables de la capital regional, la misma situación han debido enfrentar los municipios de  Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla y Freirina, llegando a un total de  25 establecimientos educacionales que se han visto perjudicados en la región.  

El sentir y preocupación de las autoridades comunales y comunidad educativa fue transmitido este lunes por la diputada Yasna Provoste, en compañía del presidente del Colegio de Profesores de la región Francisco Martínez, a la secretaria de Estado Adriana Delpiano en una extensa reunión que permitió buscar alternativas de solución.  

"Esta es una situación que hoy día afecta a los municipios de la región como el de Chañaral, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla y Freirina, siendo que en algunos casos son alcaldes que no han tenido ninguna responsabilidad en la administración de estos recursos porque ellos acaban de asumir, es por eso que nos hemos reunido con la Ministra para buscar alternativas de solución en virtud de la preocupación que nosotros ya hemos manifestado desde el mes de enero de este año respecto a que no han rendido oportunamente  los recursos de la Subvención Escolar Preferencial", explicó Provoste. 

En el mismo contexto la parlamentaria por Atacama recordó que "en el año 2007 en nuestro país se sacó adelante una iniciativa legal muy importante que permite entregar más recursos a los establecimientos que acogen a los niños más desfavorecidos socialmente para que se hagan mayores esfuerzos en lograr aprendizajes de calidad. Sin embargo, en el transcurso de los años algunos sostenedores no han rendido estos recursos lo que ha significado que el Ministerio de Educación haya tomado una decisión drástica pero amparada en la ley, que significa no renovar los convenios de educación escolar presencial para el año 2017, consecuencia que ha afectado a   profesores y estudiantes que no tienen ninguna responsabilidad respecto del rol que tiene un alcalde o un sostenedor de poder hacer estas rendiciones".  

Respecto a los anuncios realizados por del Ministerio de Educación en búsqueda de soluciones, la diputada Yasna Provoste anunció que "el Gobierno ingresará un proyecto de ley que va a permitir hacerse cargo de esta responsabilidad, endurecer las sanciones para aquellos que tenían la responsabilidad de hacer estas rendiciones de recursos y no las realizaron, pero también en permitir que aquellos equipos que actualmente se encuentran trabajando en los establecimientos, las duplas psicosociales por ejemplo, puedan tener garantizado su continuidad".   

"Creemos que quienes no cumplieron con lo que establecía la ley deben tener el mayor de las sanciones,  pero no se debe castigar a aquellos que no han tenido ninguna responsabilidad como los son los  nuevos sostenedores que se vienen recién haciendo cargo de estas tareas".  

En relación a Freirina la diputada Provoste dijo haber "tomado contacto con el alcalde del Freirina, César Orellana, quien particularmente ha debido enfrentar una situación compleja y difícil, pero ya están en vías de solución".  

Francisco Martínez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, quien llegó junto a la diputada Provoste hasta al Ministerio de Educación, destacó la disposición de la ministra Delpiano "en buscar una vía de solución que implica que el Ministerio transfiera a los municipios recursos para mantener a los equipos profesionales trabajando en las escuelas, y continuar con la implementación de los proyectos de mejoramiento educativo que hasta la fecha lo hacen con casi 2.600 millones menos que el municipio de Copiapó ha dejado de recibir". 

A lo anterior, Martínez agregó que "nos preocupa de sobremanera que los niños más vulnerable de la región no pueden ser castigados por gestiones negligentes e incluso corruptas de sostenedores anteriores, porque se ha hecho mal el trabajo a través de los municipios, de los Daem e incluso de algunos equipos de gestión que provocaron que se dejara de pagar los recursos SEP durante los meses de enero y febrero, y esto implica un impacto en el recurso humano, estamos hablando de las duplas psicosociales, apoyo de aulas, profesores y también limitar los proyectos de mejoramiento educativo".  

"Exigimos que las soluciones no pasen por la impunidad de los responsables, por lo que se requiere de un proyecto de ley que nosotros como Colegio nacional, regional y comunal vamos a respaldar, porque aquí deben haber responsabilidad administrativas e incluso penales porque estamos hablando de recursos del Estado", concluyó Martínez.