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*Por Pablo Valenzuela es abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y Director Ejecutivo de la Fundación Casa de la Paz.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, acierta al entender que en las democracias modernas los actos para ser democráticos no sólo deben provenir de las autoridades correspondientes y encontrarse bajo sus facultades normativas, puesto que hoy también se necesita generar un proceso amplio, participativo y democrático, donde en un diálogo multi-actoral se pueda legitimar dentro de estas políticas.

Sin embargo, estos procesos, al no estar regulados ni contar con un espacio institucionalizado para que ocurran, generan una serie de desafíos que el ministro debiese tener tan presente, como lo es la discusión de las fuentes de la matriz.

En nuestras democracias actuales se necesita mucho más que la potestad que da haber sido elegido en las urnas, para que así los actos de nuestros representantes sean percibidos como plenamente democráticos. Recordemos que hasta hace pocos años, si un representante actuaba bajo principio de legalidad, bastaba para darle el aura de democrático.

Hoy nuevas exigencias se suman a esos actos para que tengan esa legitimidad ante la comunidad. Algunas de ellas se contemplan hace un tiempo en la normativa, como la transparencia con que deben actuar las autoridades, a la cual pronto se sumará las obligaciones respecto al lobby. También aquí encontramos las obligaciones sobre rendición de cuentas y abrir ciertos espacios de escucha con losConsejos Consultivos de la Sociedad Civil  y otras medidas que contempla la Ley de Participación en la Gestión Pública.

No obstante, las nuevas exigencias para dar legitimidad democrática a actuaciones públicas, no están todas contempladas en la ley. Por ello, incluso actos realizados por autoridades democráticas, con transparencia y accountability, son rechazados. Y lo son porque no tiene el nivel de proximidad que esta nueva vivencia democrática exige. Muchas veces estos actos, políticas públicas o leyes, al ser generales y nacionales, no han tomado en cuenta la particularidad del bien común, particularidades que se expresan de igual forma en los territorios. Ya lo decía Iván Fuentes: “la Ley de Pesca no puede ser la ley General de Pesca (…) A nosotros (en Aysén) nos hace mal”, y es tan cierto. Y es que el bien común, en nuestras sociedades modernas, no parece ser tan común como antes.

¿Cómo conseguir entonces, para esa estrategia energética y considerando este nuevo escenario, la tan deseada legitimidad democrática? Mediante un proceso de validación social, responde el ministro. Discutamos que necesitaremos para ello.

Primero, para validar debemos tener interlocutores, o sea, validadores. El primer desafío entonces está en la elección de esos interlocutores. Quiénes serán y cómo se elegirán son los primeros desafíos que enfrentará el ministro. La primera tentación es buscar en la libreta de teléfonos. Luego en los titulares de noticias o en columnas de opinión. Sin embargo, tememos que ello no logre la representatividad adecuada.

Nuestra recomendación al ministro sería poder realizar una buena búsqueda de información que dé, con todos los discursos posibles, con el tema de la generación de energía. Desde ese análisis, y sistematizando los discursos, podremos encontrar a los y las portavoces de ellos. Pero no traer a la mesa a los típicos o a los con más escenario, sino que ser representativo y diverso en la elección. Se vuelve clave no seguir escuchando sólo a quienes tenemos acceso a espacios de difusión; hay que llegar a los que de verdad traen a la mesa esa diversidad por proximidad, a los que verdaderamente traen riqueza con otras experiencias de vida que requerimos conocer y considerar.

Una vez encontrados los interlocutores necesitamos generar cierta uniformidad en el cuerpo de información que manejamos todos. Para ello habrá que informar y formar, porque la participación sin información y capacidad no es tal, y eso lo demuestra la constante judicialización que han vivido proyectos de inversión que no han entendido que la información transparente y oportuna, como la generación de capacidad, es indispensable para la buena calidad de interacción que necesita la participación. Esta formación debe ser integradora y de doble vía. No sólo el experto en matriz energética debe formar al dirigente social, sino que también el dirigente debe capacitar al experto. Esto implica que el programa de formación debe ser diseñado y construido por todos.

Realizado lo anterior debemos construir la agenda. O sea, no habrá un proceso de validación efectiva entre actores diversos si sólo uno de ellos tiene la capacidad de definir la agenda.Para que el éxito de las mesas de diálogo instaladas les importe a todos, éstas deben ser las mesas de todos. Por ello se hace vital estar constantemente abriendo oportunidades a la co-construcción y gobernanza compartida, además de formalizar entre todos la instancia e institucionalizarla. Para lograrlo, puede ser efectivo crear un comité de actores que genere una secretaría de la instancia y establecer principios o reglas que todos acepten y consensuen. Asimismo, es importante que se planteen pequeños ritos para darle a la instancia la relevancia que amerita.

El último aspecto crítico es la metodología. Los espacios multi-actorales de intercambio, a través de la palabra, son una tecnología, una técnica por medio de la que tratamos de hacer política, pero de la buena. De esa que construye y genera legitimidad democrática en las decisiones o asuntos que se discuten en ella. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado en los espacios que cuenten con metodología que promueva la vinculación, el intercambio de conocimientos y experiencias, la empatía, la generación de consensos y el acotar los disensos.

Claramente, en estos puntos críticos no se agota el éxito o fracaso del proceso de validación social que el ministro de Energía pretende realizar. Estamos hablando de procesos políticos y sociales, donde no hay balas de plata que aseguren al 100% el éxito. Sin embargo, ayudan a generar un proceso que, para alcanzar la legitimidad democrática de una política, sea en sí mismo legitimado. En tiempos donde el método es el mensaje, el secretario de Estado debe tenerlo tan a la vista como los aspectos más puramente técnicos de la Política Energética.