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El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, insistió en la escasa fiscalización que ejerce el Mineduc sobre los recursos públicos que se entregan todos los años a las universidades privadas que, según dijo, alcanzan a unos mil millones de dólares, lo que contrasta con el control sobre las universidades estatales.

Su última declaración pública establece que “es inaceptable que no investigue a fondo la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile, porque podría haber violación de la ley y mal uso de dineros públicos. Ese es el tema que ella debe responder al país y que claramente no está haciendo, con un grave daño a la fe pública”.

“¿Dónde está el liderazgo del Ministerio de Educación para hacer cumplir la ley? ¿Es solo un buzón que recibe y traspasa papeles? ¿Es solo el facilitador de la privatización de la educación pública en el país? ¿Por qué siempre va detrás de los temas y sus investigaciones son marginales y no terminan en nada?”, son los cuestionamientos de la autoridad universitaria.

La ministra, Carolina Schmidt, volvió a defenderse de las acusaciones arguyendo que la ley contempla la reserva en estas investigaciones.

En este sentido, la secretaria de Estado indicó que “las declaraciones del Rector Pérez claramente desconocen la legislación vigente, acusar de secretismo cuando claramente la legislación de manera expresa obliga a que estos procesos sean reservados, claramente no corresponde, así como acusar que son incompletos si son reservados, claramente no corresponde a la legislación actual”.

Sin embargo, la última declaración pública del rector Pérez lamenta que los estudiantes de las Universidades Andrés Bello y de Las Américas se enteren de esto, a través de la prensa, una vez cerrados los procesos de postulación.

En esto respaldó a Víctor Pérez, el vicepresidente de la FECH, Sebastián Aylwin, quien reiteró el cuestionamiento al modelo educativo.

“Cuando los ideólogos del actual sistema educacional hablan de las virtudes que este ha tenido para expandir la matricula, para incorporar a más personas a la Educación Superior, esto que dijo Ricardo Lagos de que 7 de cada 10 estudiantes universitarios eran primera generación en ella. La verdad es que se le entregó a casas usureras, que han estafado a sus estudiantes y que hoy están siendo investigadas. Esto habla nuevamente de un síntoma del fracaso de este actual modelo de educación”, explicó el dirigente universitario.

Además el dirigente profundizó las críticas a la falta de fiscalización a los planteles privados: “Existiendo una prohibición abstracta, nunca existió voluntad política para que se cumpliera y así el negocio de las universidades termina siendo prácticamente el único nicho de negocio en el cual se entregan fondos públicos sin ninguna contrapartida en fiscalización, en obligaciones de interés público que deben cumplir, sino que se les entrega dinero para que ellos hagan absolutamente lo que quieran, eso creo que es un caso único y que muestra el fracaso y la grosería de este modelo”.

Estos cuestionamientos por falta de voluntad política de parte del Ejecutivo se podrían agravar al considerar el conocido vínculo del esposo de la ministra Carolina Schmidt el grupo educacional.

El cónyuge de la secretaria de Estado, Gonzalo Molina es socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz, que en 2008 asesoró al holding internacional en la compra, precisamente, de las universidades en cuestión.

Aylwin concluyó que el futuro ministro del ramo, Nicolás Eyzaguirre, que está por estos días coordinando el traspaso del mando debe, en primer lugar, aclarar las ambigüedades del programa del Gobierno de Michelle Bachelet en la materia, y hacerse cargo en particular de este punto, considerando que la Nueva Mayoría comprometió el fin al lucro con fondos públicos.