3 ex-carabineros han sido sentenciados por actos de corrupción y violación de secreto, tras recibir sobornos a cambio de proporcionar servicios de escolta y revelar información confidencial a terceros. Estos actos ilegales facilitaron la evasión de fiscalizaciones a buses con migrantes irregulares y camioneros sin documentos en la región de Atacama.

Según contó RadioBio-Bio, la investigación reveló que estos acontecimientos tuvieron lugar en la Subcomisaría IAT de Atacama a finales de 2022. Los involucrados, identificados como los ex-sargentos César Sáez Opazo y Pablo Jáuregui, junto con el ex-cabo Juan Ríos Ortiz, desempeñaban tareas de inspección y control carretero en una unidad especializada de Carabineros.

Los registros indican que en agosto de ese año, Opazo y Ortiz realizaron una fiscalización a un bus que transportaba principalmente a pasajeros extranjeros en una estación de servicio cercana a Copiapó.

En lugar de exigir la documentación migratoria correspondiente, solicitaron pagos en efectivo para ellos mismos, a cambio de permitir que el bus continuara su trayecto sin inspecciones ni multas.

El mismo procedimiento se repitió dos meses después con un chofer de la empresa Ramos Cholele. El bus, que se dirigía a Santiago, evitó cualquier control migratorio o sanitario gracias al pago de sobornos a los ex-carabineros.

Además de recibir coimas para evadir fiscalizaciones a buses, Sáez y Ortiz proporcionaban servicios ilegales de escolta motorizada a camioneros que transportaban cargas sobredimensionadas. Esto les permitía evitar la obtención de permisos especiales y garantías para dichos traslados.

En las escuchas telefónicas, se descubrió que Jáuregui coordinaba estas escoltas clandestinas y buscaba clientes dispuestos a pagar sobornos, destacando que aquellos que ofrecían sumas más altas recibirían mejores servicios. También se encontró que Sáez compartió información confidencial con un conductor de camión para evitar multas de velocidad.

Los tres ex-carabineros fueron condenados en procedimiento abreviado, recibiendo penas de cuatro años de presidio en su grado máximo y multas de 20 UTM cada uno. La Justicia los declaró culpables de cohecho reiterado y violación de secreto. Todos cumplirán su pena bajo libertad vigilada.