Al escribir de las reacciones al rechazo de la medida cautelar de prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado de la violación de Antonia Barra en septiembre de 2019, aparece en mis archivos una columna titulada “Suicidio femicida”, que escribí para un diario regional en marzo de 2006. Sí, hace 14 años, y desde mucho antes, ya visibilizábamos y pedíamos a los medios, a nivel nacional y también en regiones, que nombraran esta violencia.  

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La antigua columna hablaba de la conmoción que causó la noticia de una explosión donde una mujer murió, sus tres hijos quedaron gravemente heridos y varias viviendas destruidas. La Fiscalía señalaba que ella quiso asfixiarse con gas en su domicilio pero no provocar el estallido. Programas de televisión debatieron sobre la depresión, bajo el supuesto que su suicidio se debió a "problemas sentimentales", pero sus hijas mayores declararon que su ex pareja la maltrataba, le robaba, vendía los alimentos del hogar y le quitaba el dinero de la locomoción. "Antes que él apareciera mi mamá era feliz, estaba sacando el cuarto medio porque su sueño era estudiar", dijeron. 

En 2006 el delito de femicidio no estaba tipificado en nuestro Código Penal, por eso el texto explicaba que “no era un término jurídico, sólo político, pero utilizarlo ayuda a visibilizar la violencia contra las mujeres y a llamar a las cosas por su nombre”. Citábamos a Diana Russell para hablar de la existencia del suicidio femicida y cómo algunas mujeres podrían sentir que la muerte es “la única posibilidad de terminar con la tortura del maltrato habitual físico y/o psicológico”. 

Más de una década después insistimos. Le decimos a la sociedad, en especial a los medios de comunicación, que es necesario visibilizar, explicar, contextualizar el suicidio femicida, que es lo que ocurrió en la violación y posterior suicidio de Antonia Barra en Pucón, pese a que los medios tradicionales no lo han nombrado de esa forma. 

Los movimientos feministas recordaron estos días otros suicidios femicidas, como el de Antonia Garros, joven que era agredida por su pololo Andrés Larraín y se suicidó en 2017 en Concepción y el de Gabriela Marín, ocurrido un mes después de haber sido violada y torturada por tres sujetos en San Fernando el año 2012. 

Estos casos no son los únicos en Chile y ninguno logró la esperada justicia reparatoria. El de Antonia Garros fue considerado suicidio, pese a que su familia luchó por la tipificación del delito de "inducción al suicidio”. En enero de 2020, el Primer Juzgado Civil de Concepción condenó al Estado a pagar 15 millones de pesos a su padre, tras determinar que existió negligencia y “falta de servicio” por parte de Carabineros en el procedimiento de violencia intrafamiliar, puesto que estuvieron con ella en el edificio y en lugar de prestarle protección la devolvieron al departamento donde se enfrentó con su agresor antes de su suicidio. El Consejo de Defensa del Estado apeló al fallo.   

En la investigación de la muerte de Gabriela Marín, que terminó sin culpables, se acusaron una serie de negligencias de la Fiscalía, errores en el procedimiento policial y desidia de instituciones que debieron prestarle apoyo y no lo hicieron.   

De esta manera, fue imposible no pensar en un historial de impunidad al escuchar al juez Federico Gutiérrez informar que Martín Pradenas quedaba con la medida de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas. A esta perversa lista, se suma que solo se dio por acreditada la violación de Antonia, pese a que se le imputaban otros cinco delitos de abuso sexual.   

Los movimientos feministas se manifestaron de inmediato en las redes, pero la protesta virtual no fue suficiente para gritar la rabia. Pese a la pandemia, en Temuco y en diversas ciudades del país, miles de mujeres salieron a la calle a protestar y a exigir justicia para Antonia. “Un violador en tu camino” de LasTesis se volvió a cantar en las calles y en las plazas y, hoy en tiempos de confinamiento, también en los dormitorios, cocinas, patios y balcones. Su primer verso “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer”, sonó con más fuerza que nunca. 

Un pequeño respiro llegó con la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió los recursos de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Pradenas, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la investigación.

El suicidio femicida es, existe, marca los cuerpos, la historia de las mujeres; y los movimientos feministas, que lo dicen hace años, hoy lo reiteran. Entre las muchas consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres y disidencias están la ansiedad, la depresión y el suicidio. Para algunas mujeres se vuelve insoportable la desprotección, la impunidad y la revictimización a la que se ven sometidas cuando denuncian. 

En esta revictimización de las víctimas y/o de sus familias, tienen una gran responsabilidad los medios de comunicación cuando realizan coberturas carentes de enfoque de género y de derechos,  que atentan contra la dignidad de las personas. Ocurre al poner los casos de violencia en la sección policial, al presentarlos como hechos aislados, sin contextualizar que forman parte de la violencia estructural que vivimos mujeres y disidencias a lo largo de nuestras vidas; también, al silenciar las voces de las mujeres, de las expertas, de las organizaciones que hace décadas se dedican a estos temas; o peor aún, al dar voz a quienes cuestionan ciertos comportamientos como tratando de buscar “la razón” de por qué le ocurrió, lo que habrá hecho, el cómo se expuso, y generan así un relato ambiguo cuando el único discurso posible es que no existe razón alguna que justifique una agresión.  

En América Latina, El Salvador es el primer país que lo tipificó y en marzo de 2019 se dictó la primera condena por suicidio feminicida por inducción. En Chile, diversas organizaciones han explicado su alcance, entre ellas la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que señala: “Cuando una mujer ve el suicidio como única salida posible a la violencia y acoso que está viviendo o a la impunidad frente a este, hablamos de suicidio femicida. La violencia machista se expresa de diversas formas. La permanente violencia ejercida por la pareja, una violación, las extorsiones o la impunidad de los agresores cuando han sido denunciados, pueden hacer sentir a una mujer que la única forma de liberarse de la violencia es quitándose la vida. Los responsables de esta decisión son los agresores y es necesario que comencemos a visibilizar este tipo de violencia femicida”.  

“Visibilizar este tipo de violencia” dice el llamado, y es allí donde los medios pueden cumplir su rol social. Informar de manera responsable sobre la violencia; fiscalizar a los poderes, como el judicial cuando queda en evidencia que opera desde la base de prejuicios machistas, y a todas las instituciones que intervienen en la prevención, protección y reparación de la violencia; aportar al cambio cultural para eliminar estereotipos, prejuicios y discriminaciones de género, que son la base en la que se sustentan las diversas manifestaciones de violencias contra las mujeres y disidencias, hacerlo con coberturas éticas, libres de sexismo, con enfoque de género y de derechos. Es posible y es un imperativo ético que así sea.

Nataly González Díaz, Coordinadora de la Comisión Nacional de Género del Colegio de Periodistas de Chile.

Imagen: Huawei / Agencia Uno