La decisión de reestructurar y rediseñar el proyecto de la nueva cárcel de Copiapó, adoptada por las nuevas autoridades, está generando preocupación y debate en más de un ámbito de la comunidad regional.

Como razones del cambio del proyecto, las actuales autoridades sostienen que el diseño existente no responde a las reales necesidades carcelarias de Copiapó y la región, y que la obra proyectada no terminaría con el hacinamiento que afecta al penal de nuestra capital regional, beneficiando sólo a un porcentaje menor de los internos de este centro de reclusión.

Como se puede ver se trata de razones contundentes, y es de suponer que las mismas obedecen a una evaluación técnica exhaustiva, rigurosa e integral. La experiencia y seriedad de las autoridades que suscriben el rediseño, es decir el ministro y el seremi de justicia, debieran garantizarnos que se trata de un cambio necesario y no de una medida efectista y exagerada.

Obviamente, al suscribir tal rediseño, las autoridades han debido tener presente que la obra en discusión tiene como objetivo fundamental reemplazar un penal que hace más de 15 años está sobrepasado en su capacidad, y que hoy registra una población más de cuatro veces superior a esta última, determinando con esto un hacinamiento crítico y absolutamente irracional.

Este hacinamiento extremo y los riesgos que conlleva, como también la urgencia de contar con la nueva cárcel, han sido un tema y una preocupación regional reiterada. En mayo del año 2011, por ejemplo, luego de una visita inspectiva al penal de Copiapó, se dijo que esta cárcel era una verdadera “bomba de tiempo”.

Frente a un panorama tan delicado, las actuales autoridades deben ser especialmente cuidadosas y previsoras en la implementación de la medida adoptada, y no deben escatimar esfuerzos en explicar a la comunidad regional las razones que justifican el rediseño y los beneficios que se persiguen con este cambio, debiendo ser particularmente claras y precisas frente a la población penal y sus familias, como también frente a los funcionarios de gendarmería.

Tampoco deben escatimar esfuerzos y evaluaciones, frente a la necesidad de generar medidas judiciales, administrativas, sociales y de infraestructura que ayuden a paliar, prever y mejorar las críticas condiciones del actual penal, actuando con un verdadero sentido de emergencia.

En este contexto de urgencia debe enfatizarse, además, la responsabilidad fundamental que recae sobre las autoridades regionales, en cuanto a lograr del poder central, que ese rediseño se reconozca y desarrolle como un proceso especial y urgente, con un ritmo distinto al de los proyectos comunes.