Una denuncia en contraloría general de la república contra la Policía de Investigaciones y el Ministerio del Interior, presentó el Servicio Jesuita a Migrante por el abandono de siete personas en plena carretera de la región de Atacama.

El hecho se registró en junio pasado cuando en un operativo de expulsión de 72 ciudadanos extranjeros, la Corte de Apelaciones de Arica dio orden de no innovar las sanciones administrativas contra siete personas.

Según consignó Atacamanoticias, la acción legal dice "por actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios, se solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia al momento en que la Corte de Apelaciones de Arica dictó una orden de no innovar solicitada a su favor, dando la instrucción de dejarlos libres".

La orden fue recibida por la policía que iba en camino a Santiago, deteniendo el móvil en medio del desierto para que estas personas descendieran, sin dinero y a pocas horas de anochecer.

"El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar porqué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, señala Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.