El requerimiento de un fiscal especial en materia de contaminación, fue solicitado luego de que la Comisión Investigadora de Recursos Naturales de la Cámara Baja, recabara informes que delatan los altos índices contaminantes, presentes en el agua, suelo y aire de las localidades.

En ese sentido, el PPD Enrique Accorsi, señaló que las cifras que hay en estas bahías son groseras desde el punto de vista medioambiental”, y que por ello y ante “la nula voluntad fiscalizadora que han tenido los ministerios de Medioambiente y Salud” se ha resuelto “que se presente esta exigencia directamente al Ministerio Público, pues la contaminación ha sido latamente denunciada por los habitantes de la zona, sin tener respuesta”, señaló.

Pero además, Accorsi detalló que “se supo de una investigación con exhumación de cadáveres de personas en esa zona, donde la información preliminar dice que hay contamienación de metales pesados y también de arsénico”.

Asimismo, el abogado Lorenzo Soto, recalcó que “se deben investigar ahora, antes que sea demasiado tarde, pues si bien existen antecedentes desde hace años, aún no se ha realizado una investigación eficiente”. Por tanto, lo importante será “sancionar penalmente lo que pasa afuera, en el ambiente. Porque hay personas en riesgo de contaminación fruto de los ambientes que están causando esta contaminación”, aseguró, agregando que “no podemos arriesgarnos a tener episodios como los de Enami que hoy día se están generando vía exhumaciones, en 10 o 20 años más. Hoy día lo que está ocurriendo debe ser sancionado porque está en riesgo la vida de la población”, concluyó.

Si bien lo parlamentarios no precisaron cuándo llegarán los antecedentes a la fiscalía regional de Valparaíso, indicaron que la solicitud fue acogida por el Fiscal Nacional subrogante.

En esa línea, Rodrigo Corea, miembro del Grupo Acción Ecológica Chinchimén, recalcó que “el Estado de Chile es el culpable por permitir este flagelo, y a sabiendas, seguir otorgando permisos a las empresas contaminantes; por consiguiente, es el mismo Estado quien tiene que revertir la situación”, velando siempre por “la vida y la salud de los niños”, aunque “aquí está en jaque los niños que están por nacer y la producción de las empresas. Eso es lo que hay que resolver y lo tiene que resolver el aparato del Estado, así que bienvenido el nuevo fiscal”, aseguró.

Desde noviembre del 2008, la comunidad ha presentado innumerables evidencias, sumando más de 33 denuncias realizadas por el Sindicato de Pescadores de Ventanas, entre otras organizaciones, y que ayer martes, nuevamente se repitió, apostando varamientos de carbón en la playa y Caleta de la localidad.

Por otro lado, el senador PPD Guido Girardi sostuvo que además de la investigación medioambiental, el fiscal especial solicitado tendrá el deber de indagar acerca de las responsabilidades empresariales que existen en la zona y que como señaló, “han permitido el blindaje coludido con la institucionalidad medioambiental y sanitaria”.

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