La vulneración de derechos de NNA: De Christine Buckley al SENAME

Christine es parte de las victimas que inspiraron “Dear Daughter” o “States of fear”, producciones documentales centrada en los abusos sufridos por decenas de niñas y niños en orfanatos e instituciones de acogida ligadas a la Iglesia Católica en Irlanda. Un escándalo de gran qué género que en 1999 el primer ministro se disculpara en nombre del pueblo irlandés con todos aquellos que habían pasado su infancia en instituciones residenciales ligadas a organizaciones religiosas, y se propiciara la creación de una Comisión de Verdad para la investigación de abusos, la que estableció que el clero católico había aterrorizado durante décadas a miles de niños y niñas en instituciones residenciales, con prácticas que incluían palizas, violaciones y humillaciones continuas, frente a los cuales los organismos de gobierno no supieron hacer frente.

Lo anterior es solo una breve parte de la historia del apoyo que tuvo la introducción de los derechos del niño y la niña en la Constitución irlandesa, durante su referéndum constitucional del 2012.

En Chile nuestra Constitución no tiene ninguna referencia expresa a la protección de niñas, niños y adolescentes o la infancia, pese que la Convención Internacional de Derechos del Niño forma parte de nuestro “bloque de constitucionalidad”, luego de ser ratificada en 1990.

Cómo si bastara con firmar un papel.

El 2016 la muerte de la pequeña Lissette Villa conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos en el SENAME.

El 2017 se designó una unidad especializada de la PDI denominada Fuerza de Tarea Sename, que, en conjunto con las diferentes Brigadas Investigadoras de Delitos Sexuales del país, generaron un esclarecedor informe policial fruto de la investigación de 240 centros residenciales dependientes del Sename (de los 241 existentes en el país durante el último bimestre del año 2017).

En él se levantó información sobre 2071 hechos constitutivos de vulneración hacia los residentes de los centros del país (ocurridas en gran parte durante el año 2017). Se estableció que en 85.8% (206) de las residencias se había vulnerado gravemente los derechos de los NNA. El 82.9% de los centros no cuenta con funcionarios que cumplan con el perfil profesional mínimo para su funcionamiento (199 residencias).

Las supervisiones realizadas por el Sename e incluso por Tribunales son programadas y acordadas previamente con los centros lo que impide supervigilar el correcto funcionamiento operacional.

Dicha dinámica permitió que en el 50% de los centros se hayan registrado vulneraciones de la indemnidad sexual de las y los residentes, sea por un adulto externo a la residencia, por un trabajador del centro o por los propios pares, compañeros de la residencia.

El 2018 fue el mismo Comité de Derechos del Niño quien frente a esta grave y sistemática violación de los derechos de NNA que se encuentran en centro residenciales bajo control directo e indirecto del SENAME, quien indicó que se veía profundamente afectado su derecho a expresar su opinión y ser escuchados. Como hacerlo si a muchos NNA no les eran informadas siquiera las razones por las que estaban en las residencias, no se les ofrecían cana­les de comunicación con las autorida­des pertinentes, ni menos vías procedimentales para presentar quejas y reclamos.

¿Realmente nos importa cómo país?

Parte del problema es que optamos institucionalmente por invisibili­zarlos en términos políticos y jurídicos. Nuestra constitución solo habla del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y es de tal arraigo en nuestra cultura jurídica que hay algunos que entienden que este derecho colisiona con cualquier iniciativa que pretenda mejorar el estatus legal de NNA.

“Los niños primero”, pero ¿cuántos funcionarios denunciados fueron desvinculados realmente?

Desde el conocimiento del nivel de desamparo que surge la pregunta, ¿existe algún tipo de vinculación entre la esta problemática y la criminalidad? Según un estudio realizado por la Fundación San Carlos de Maipo, una institución que busca combatir la pobreza y la delincuencia desde la infancia, uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses.

Aquí no se trata de justificar un actuar, sino de entender su trasfondo. Seamos claros, en términos jurídicos nuestro derecho penal es del “acto” y a nadie se le castiga por quien es, sino que por lo que hizo y por ello será reprochado con todo el peso de la ley.  El punto es que el derecho penal es solo uno de los instrumentos de solución en este problema complejo, y si algo es seguro es que los problemas nunca se han resuelto al final de la cadena, pese a que aún hay políticos que creen que la criminalidad y la cultura delincuencial, solo se combaten con “mano dura” y el populismo penal de subir las penas.

Con responsabilidad me atrevo a decir que nuestro estado ha vulnerado sistemáticamente derechos humanos de cientos de niñas, niños y adolescentes. Quizás ya es hora de que dejemos de tapar el sol con un dedo y buscar un poco de justicia, verdad, reparación a quienes no tuvieron la oportunidad de exigirla.