Hacer realidad los derechos de las personas sordas en Chile es un desafío que no solamente implica la aprobación de leyes que eliminen las barreras sociales y permitan la igualdad de oportunidades para la comunidad sorda, sino principalmente involucra aumentar la conciencia pública y social para favorecer su desarrollo pleno. La comunidad sorda a lo largo del tiempo ha tenido que afrontar diversos tipos de discriminación que se manifiestan en el abandono y privación de sus necesidades, lo que ha afectado principalmente sus derechos básicos referidos a la educación, salud, justicia y el ejercicio activo de la ciudadanía.

Los obstáculos comunicacionales  son la consecuencia del desconocimiento de la Lengua de Señas Chilena (LSCh), por parte de los ciudadanos oyentes, los que a su vez corresponden al grupo mayoritario de nuestra sociedad.  Si bien, la LSCh cuenta con reconocimiento oficial, declarado en el artículo 26 de la Ley 20.422  promulgada en el  año 2010, la realidad señala que la Lengua de Señas sigue siendo el medio comunicativo fundamental y patrimonio de la cultura sorda, pero su valoración por parte de los oyentes para hacer realidad la accesibilidad a toda comunicación que se adapte a la diversidad de las personas con discapacidad auditiva, es una barrera que aún está presente y que derribarla involucra un compromiso del estado para promover el respeto de la cultura sorda y brindar reales espacios de equidad social. En este contexto, resulta apremiante que en nuestro país se promulgue una Ley que obligue a todos los servicios públicos como también privados, incorporar a un intérprete certificado que atienda de forma eficiente  las necesidades de las personas sordas, evitando la vulneración de sus derechos  que afectan su dignidad, seguridad, privacidad, protección, libertad de opinión y acceso a la información de todo tipo de acontecimientos relevantes que ocurren en su contextoy en su comunidad.

Es difícil como oyentes imaginar nuestra vida con limitaciones lingüísticas cuando podemos realizar constantemente acciones simples para comunicarnos con los demás, desde lo más básico como adquirir en un supermercado un alimento, dirigirnos a realizar una denuncia o bien concurrir a un médico por alguna dolencia. En la mayoría de los casos no necesitamos mayor esfuerzo para  expresar nuestras necesidades, sin embargo, la comunidad sorda ve interrumpido su desarrollo como legítimo ciudadano, al no poder comunicarse con su propia lengua y tener que vivenciar las injusticias que forman parte de su cotidianidad.

En la actualidad, producto de la pandemia COVID 19 que nos afecta y particularmente el incremento de casos positivos en nuestra región, los problemas comunicacionales se agudizan para la comunidad sorda, el acceso a la información no es una de las prioridades dentro de las medidas designadas para hacer visibles sus derechos inalienables como ciudadanos.

En el año 2017 la Corte Suprema dio a conocer el fallo que favorece a la comunidad de las personas Sordas en relación con el acceso a la información en situación de emergencia o calamidad pública. En esta sentencia se hace alusión particular a la Convención Internacional de derechos de las personas con discapacidad, Ley Nº 20.422 y la Constitución Política de la República que garantiza el acceso a la información para las personas Sordas. Lamentablemente vemos aún la negación en la difusión y escasa utilización de la Lengua de Señas en variados comunicados que se emiten en la comunidad, haciendo evidente las brechas de desigualdad comunicacional  y la  inminente necesidad de generar políticas públicas específicas que garanticen el bienestar de todas las personas.

El debate sobre el respeto hacia la comunidad sorda en nuestro país y en nuestra región ha tomado diferentes matices durante el tiempo, algunos oyentes interesados en contribuir y hacerse cargo de  las limitaciones comunicacionales  que desfavorecen a las personas sordas, se han perfeccionado en cursos de Lengua de señas, sin embargo, los obstáculos para avanzar en materia de inclusión van mucho más allá de las buenas intenciones.

Uno de las medidas elementales  para hacer efectivos los derechos de las personas sordas  se encuentra situada  en el fortalecimiento del sistema educacional desde la primera infancia. La actualización de las Bases Curriculares de Educación Parvularia  señala en uno de sus requerimientos “La necesidad de armonizar los sentidos y oportunidades de aprendizaje que ofrece la Educación Parvularia con la reforma educacional implementada en el sistema educativo en su conjunto; específicamente en lo que supone comprender a la educación como un derecho social” (2018, P.10).  En este mismo sentido, la Ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad,  indica “el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social”. Si analizamos en profundidad si este derecho se cumple dentro de las aulas en cada uno de los niveles educativos, nos encontramos con escasas iniciativas educacionales para asegurar una enseñanza de calidad enfocada en la inclusión de las personas sordas, esta deuda para los sordos aún  persiste en materia de Educación.

Durante los últimos meses nuestro país se encuentra atravesando un despertar social que se traducen en distintas demandas colectivas que han impulsado cambios relevantes para Chile, pero ¿Cuántas de estas demandas están dirigidas al derecho de las personas sordas para acceder a una educación de  calidad?,  ¿Cuáles son las demandas que exigen respetar los derechos de los niños y niñas sordas a ser educados en su Lengua?, ¿De qué manera estas demandas abren el diálogo sobre inequidad que atraviesan las personas sordas?. Es claro  que aún en nuestra sociedad, el trato desigual  hacia las personas sordas implica desconocer sus demandas. Los esfuerzos de ciertos grupos de sordos y oyentes han sido significativos pero no bastan para eliminar obstáculos y hacer realidad lo que se profesa en temas de inclusión.

La incorporación de la Lengua de Señas en el sistema educativo es clave para transformar la realidad de las personas sordas, para construir una sociedad más justa que reconozca a los sordos como sujetos activos, que mediante sus manos comuniquen sus ideas, intereses, necesidades y fundamentalmente que estas sean atendidas oportunamente, permitiéndoles actuar sobre su entorno, sin distinción alguna.

Una expresión utilizada por la comunidad sorda para referirse a la marginación sufrida como ciudadanos es el “audismo”, termino creado por el docente sordo Estadounidense Tom Humphries, el cual hace referencia a la discriminación que constantemente viven las personas sordas y que explica la desigualdad que en términos de salud, educación, justicia, acceso a la información, entre múltiples derechos que se ven interrumpidos cada día. El respeto y la valoración de la Lengua de señas es urgente, ¿Cuántas injusticias más tendrá que soportar la comunidad sorda para hacer valer sus derechos como ciudadanos?. ¡Basta de audismo!.