Durante la madrugada de este miércoles 11 personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay en la Región de La Araucanía el 4 de marzo de 2013, en un ataque incendiario en su fundo en la comuna de Vilcún, según consignó La Tercera.

La detención se concretó tras un intenso operativo de la PDI que comenzó con completo hermetismo cerca de las tres de la mañana de hoy. Más de 100 detectives participación de la acción policial, en la cual se allanaron 20 domicilios en el sector de Lumahue en Vilcún, donde se encontraron armamentos de distintos calibres.

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Los 11 detenidos, una mujer y diez hombres, fueron trasladados a la prefectura de Temuco y formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista.

El fiscal regional Cristián Paredes dijo al respecto que "hemos tenido un contacto permanente con la familia Luchsinger-Mackay, a quienes hemos mantenido informados del estado de la investigación, de los avances de la misma y agradecemos por cierto la comprensión que han manifestado en torno a la necesidad de poder desarrollar estas diligencias con la cautela necesaria para llegar a buen puerto".

El vicepresidente de la República, Jorge Burgos, indicó esta mañana que "es una buena cosa que ocurra esto, vamos a ver qué resuelve el juez de garantía que tiene que conocer de la audiencia de formalización, pero más allá de especificaciones, siempre es bueno que respecto de delitos de esta magnitud no haya impunidad y eso es bueno para el país".

La Subsecretaría del Interior anunció que presentará una querella por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista contra los detenidos, acción que realizará el subsecretario (s) de la cartera, Luis Correa.
Esta sería la quinta vez que el Ejecutivo invoca la Ley antiterrorista durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y la cuarta en la región de La Araucanía.

Del total de los detenidos, diez quedaron finalmente en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario por presunta vinculación con el crimen, por una solicitud del fiscal Andrés Chiffelle.

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Hasta la operación de la PDI de hoy el único imputado por los hechos era Celestino Córdova. El hombre fue condenado el 1 de marzo de 2014 a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte.

La detención de las otras 11 personas que tendrían algún grado de participación o conocimiento del crimen fue el resultado de un trabajo de investigación que se realizó a partir de una pista clave generada el año pasado.

Una persona que habría presenciado los hechos con algún grado de participación, prestó testimonio y dio cuenta de lo ocurrido, además de identificar a los 11 involucrados hoy detenidos. Su motivación habría sido “conflictos morales” y “el pesar de su conciencia” por la muerte de los agricultores.

A partir de esa información la Policía de Investigaciones recopiló antecedentes que le permitieron solicitar la detención de los imputados y el allanamiento de sus casas.

Sobre las detenciones efectuadas esta madrugada, el prefecto inspector de la PDI de La Araucanía, José Luis López, afirmó que “estábamos obligados a dar una respuesta, ya que el encarcelamiento de celestino Córdoba como autor no era suficiente, se necesitaba saber quién más había participado”.

“Tenemos elementos suficientes para tener la convicción y la certeza criminalística de la participación de estas personas en este acto delictivo”, agregó López.

“Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran”, fue la declaración de uno de los imputados en el caso Luchsinger-Mackay. El detenido se habría arrepentido de su participación en el ataque incendiario que terminó con la muerte del matrimonio en Vilcún.

La Fiscalía de La Araucanía divulgó la declaración del imputado a través de Twitter y confirmó que la pista clave para la detención de estas 11 personas fue la declaración voluntaria de uno de los imputados, en agosto de 2015, “agobiado por el cargo de conciencia”.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, además de valorar que “no haya impunidad” confirmó que el gobierno se querellará contra los detenidos.