A cuatro de años de presidio efectivo fue condenado un sujeto, tras acreditarse su participación en saqueos realizados durante el estallido social en 2019, en la región de Atacama.

Los hechos materia de la investigación dieron cuenta que Luis Castillo Opazo participó en cada uno de los ilícitos indagados, accediendo el Ministerio Público al procedimiento abreviado, luego que el acusado decidiera colaborar con la indagatoria prestando declaración  entregando relevante información de compañeros de delitos de la llamada "Primera Línea" que tomaron parte en los ilícitos.

Respecto de éstos, se indicó que algunos de ellos estuvieron relacionados con desórdenes públicos y daños en distintos sectores de la ciudad. Además del saqueo y afectación de oficinas de empresas y recintos educacionales que funcionan en la comuna, dentro de las que se cuentan Aguas Chañar, Inacap y el Registro Civil.

En este último servicio público los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2019, ocasión en que la persona investigada organizó el avance de parte de una marcha que se realizaba en el centro de la ciudad, la que luego se dirigió hasta el edificio del Registro Civil de Copiapó, lugar al que junto a otras personas ingresaron luego de romper la reja de seguridad. Ocasión en que fue registrado en las cámaras de seguridad rompiendo una puerta de acceso al mencionado servicio, ingresando al interior para sustraer distintas especies. Posterior a ello, llamó a otras personas encapuchadas, hasta ahora desconocidas, con quienes ingresó nuevamente al lugar, los que finalmente prendieron fuego a las dependencias que originaron daños por un monto superior a los 15 millones de pesos.

Además se dio cuenta que el día 21 de noviembre cerca de las 20 horas, el condenado junto a un grupo de personas se movilizaron hacia el sector de calle Freire de esta ciudad, donde accedieron de manera forzada y quebrando puertas y ventanales a las oficinas de la Automotora Salfa, lugar en que el imputado sustrajo diversas especies desde las vitrinas de venta las que luego ocultó en una mochila que portaba. Todo lo que quedó registrado en imágenes de las cámaras del recinto y que fueron analizadas por la unidad Sacfi.

DELITOS

Frente a este cúmulo de antecedentes, la Fiscalía acusó por delitos de desórdenes públicos, ilícitos de daños simples, robos consumados en lugar no habitado y un delito de daños calificados, todos en carácter de reiterados y con la participación consumada de Castillo Opazo. Hechos que además significan la primera condena en la Región de Atacama en que se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado.

En relación a este caso, la fiscal de la Unidad Sacfi, Paula Barrueto, indicó que con la investigación y la pena impuesta, cuatro años de presidio efectivo, quedó demostrado que cada uno de los hechos indagados fueron constitutivos de delitos de carácter penal por parte del acusado, descartando cualquier tipo de persecución política ni de otro tipo en su contra. Agregando que, desde el inicio de la investigación de estas causas, la Fiscalía sostuvo que nunca se persiguió penalmente a quienes participaron de forma pacífica de las marchas organizadas con motivo del estallido social.

En relación a esta condena, el delegado presidencial de Atacama, Patricio Urquieta, destacó la primera condena en la región por infringir la Ley de Seguridad del Estado, “esto ocurrió a partir de una querella que interpusimos por parte del Gobierno en contra de aquellas personas que hubieran protagonizado aquellos hechos de grave alteración al orden público con daños y destrucción a infraestructura pública y privada, y que lamentablemente habían provocado tanto temor en nuestra región”. Relevando el trabajo realizado tanto por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior con colaboración de las policías, lo que permitió reunir todos los antecedentes que llevaron a justificar esta condena que fue dictada por parte de los Tribunales de Copiapó.