Indignación y  pesadumbre  existe   entre los   vecinos  de Totoral  por el daño causado al suelo y  la vegetación  -  especies del  desierto  florido y otras  -   en sitios cercanos al poblado por  maquinaria pesada  – bulldozers-  de  la empresa  contratista  Araya Hermanos S.A.

Al percatarse de  la remociones  de suelo y arrasamientos  de   vegetación que estaba efectuando personal de la mencionada empresa,  los vecinos interpelaron  al personal requiriéndoles información sobre  la  finalidad de los cuestionables trabajos que estaban desarrollando,   así como  respecto a las autorizaciones  que los respaldaban.  El encargado de los trabajos  respondió que Araya Hermanos era un empresa contratista que  estaba  operando en  el área por cuenta de una empresa mandante  y que la intervención  allí  habría sido autorizada por una dirigente de la  propia  comunidad agrícola de Totoral,  en tanto que  los  trabajos  tendrían por finalidad instalar  plataformas  para máquinas de sondaje.

Frente a la evidente  destrucción  y  considerando que la vegetación arrasada  corresponde  a un ecosistema relevante  priorizado  – desierto florido -  los vecinos  denunciaron la situación a los servicios públicos  encargados de cuidar nuestro patrimonio natural, es decir:  Seremía del Medio Ambiente; Corporación Nacional Forestal, CONAF;   Servicio Agrícola y Ganadero, SAG   y    Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, quienes  concurrieron a Totoral  y  se constituyeron  en  los lugares afectados.

A todas luces las remociones  y arrasamientos denunciados se hicieron sin dios ni ley, sin autorización ambiental alguna,  en circunstancias   que  en  el caso  debiera  realizarse  un  Estudio  de Impacto  Ambiental    – EIA -  pues  la  ley de Bases del Medio Ambiente  establece  que  requerirán un  EIA  los proyectos y actividades que se localicen  en  o  próximas a poblaciones,  recursos  y áreas protegidas, sitios prioritarios  para  la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de  ser afectados.

Los vecinos de Totoral esperan que los servicios públicos actúen  con la presteza y drasticidad   que  amerita la situación,  esto con el objeto de sancionar el daño ambiental causado y enfatizar, además,   que  quien dañe el patrimonio natural y ambiental regional  se expone  a  un severo  cuestionamiento  moral y social  y a las  sanciones contempladas  en nuestra legislación.