Recientemente se cumplió un año del inicio de una revolución anarco populista en Chile que se aprovechó de condiciones sociales objetivas que imperan en nuestro país y por supuesto, de una “post verdad” instalada en Chile a través de la educación y de la comunicación que muchos no fuimos capaces de ver su alcance y profundidad, generando una autoimagen de nación equivocada o al menos parcial y en la que por otra parte para lograr los avances sociales legítimamente demandados por un sector importante de la ciudadanía, se requieren fundamentalmente: comportamientos éticos de las personas, mayor productividad y mejores políticas públicas, en un proceso temporal, eficiente y sensato, y no conductas simplistas y populistas que la historia demuestra que dañan a la propia sociedad que dicen defender.

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En ese escenario real y ficticio las demandas sociales que existían no incluían un cambio constitucional. A la serie de problemas sociales que sirvieron de base a las manifestaciones pacíficas e incluso a las violentas; se encumbraban en los primeros lugares y en orden decreciente (sobre el 10%) las siguientes preocupaciones: Seguridad y delincuencia; pensiones; salud; educación; corrupción; empleo; sueldos; pobreza; y drogas. La reforma constitucional, sólo era tema para el 3% de la población, ocupando el penúltimo lugar, por sobre el tema del transporte público. (Encuesta CADEM, mayo 2019)

Por lo tanto, que conclusiones podemos sacar al respecto:

En primer término; que, a pesar de todo el desarrollo objetivo logrado por Chile, gracias al modelo. Existían demandas sociales que no fueron totalmente canalizadas institucionalmente y que se aprovecharon de esto los sectores anárquicos y extremos que tiene por objetivo político, destruir el sistema libre y democrático que impera en nuestra patria.

Esta brecha se originó porque el modelo de una economía social de mercado se orientó más al mercado desconociendo su acento social que regula las debilidades propias del mercado, que es el modelo por esencia necesario para el desarrollo de cualquier sociedad pero que posee innegables imperfecciones y que la dimensión social, lo hace más equitativo y efectivo.

Todo lo anterior, es en parte causa, de una crisis valórica y formativa, en la que el esfuerzo personal, el actuar por conductas morales y el bien común como objetivo de vida, se fue diluyendo y perdiendo en la mayor parte de la personas y comunidades.

Y, en segundo lugar; que, las personas intuían o entendían a través de su sabiduría popular que “una nueva constitución” no era el problema, ya que tenemos una apropiada carta fundamental que se ha adecuado y modificado y que puede seguir haciéndose de ser necesario. Efectivamente, entendían que los problemas se solucionan con normas de otro alcance (legales y administrativas).

Entonces que sucedió después del 18 de octubre del año pasado. Los sectores políticos concordaron y creyeron que de esta manera se resolvería la crisis política que vivía el país por diversas visiones. Unos profesando ingenuamente que efectivamente había que darse un nuevo orden constitucional para resolver nuestros problemas; otros que, por temor, se debía ceder; otro grupo por conveniencia y estar supuestamente “a la moda de los tiempos” asumiendo posturas populistas; otro sector honestamente porque pensaban que había que dar la posibilidad que llegáramos a un cambio constitucional para descomprimir la crisis y que el pueblo definiera; y los últimos, porque se le estaban dando claramente la opción de destruir el sistema democrático, el que dicen abrazar, pero miran los modelos de Cuba, Venezuela o Argentina. Todas posturas que nos tienen en un “zapato chino” ya que la destrucción del modelo será catastrófica para el país porque nos conducirá irremediablemente a una sociedad menos libre, menos desarrollada y menos justa. Ya que el único objetivo de fondo que poseen es cambiar las instituciones republicanas de Chile.

Ese es el riesgo que corre Chile

A modo sumario describo las principales de ellas, garantizadas en nuestro actual orden jurídico constitucional: Definición de un estado republicano democrático y descentralizado; elección de la mayoría de las autoridades nacionales y regionales políticas (hoy los Gobernadores Regionales); derecho a la vida y a la integridad física y síquica; a la libertad de movilización (pacífica) opinión, de conciencia y culto; a ser elegido y elegir; a la educación; a la salud; a la seguridad social; a un medio ambiente sano; a la libertad económica y de emprendimiento; al trabajo; a la libertad de asociación, etc.

Todo está y todo se puede mejorar de ser necesario, por eso la única razón coherente para redactar una nueva Norma Fundamental; es el cambio y eliminación de muchos de estos derechos.

En definitiva, sin querer este plebiscito, se transformó en un acto relevante por lo que hay que ir a votar, tomando todas las precauciones sanitarias personales ya que el proceso está obviamente garantizado en términos sustanciales. Y, por último. Votar con sentido común y sin dejarse engañar con “los cantos de sirenas” que predicen una “sociedad idílica” con la redacción de una nueva Constitución Política.

De llegar a ese escenario, de elegir una constituyente, habrá que tratar de “consagrar y defender” los principios e instituciones de una república, libre en lo humano y social y democrática, en la que la persona humana es la base de la sociedad, dotada de dignidad por su naturaleza espiritual, y depositaria de deberes y derechos. Como lo establece la Constitución que en la actualidad nos rige.

Pero, ojalá no lleguemos a esa realidad.