El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, valoró positivamente el fallo del Tribunal Constitucional que desestimó los dos requerimientos presentados por  los parlamentarios que buscaban declarar inconstitucional la modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Ahora la iniciativa legal queda lista para ser promulgada.

Uno de los requerimientos se refiere a la necesidad de establecer una consulta a los pueblos originarios en base al Convenio 169, mientras que el segundo está relacionado con el régimen de administración de la pesca industrial. El primero de los fallos fue votado en contra en forma unánime mientras que en el segundo la votación fue de 5 votos a favor y tres en contra.

El subsecretario Galilea destacó el trabajo realizado durante más de tres años desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para elaborar un proyecto de ley que permita asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros. “Estamos satisfechos con la decisión del Tribunal Constitucional pues  reafirma lo que hemos planteado a través de un trabajo serio y responsable en el que  han participado todos los actores involucrados en la actividad pesquera. Esto nos permitirá contar con una muy buena ley para la pesca de Chile  en los próximos meses”, indicó la autoridad.

Con este fallo se valida el régimen de administración que se estableció para el sector pesquero industrial que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, permitirá el acceso a nuevos actores por diversos mecanismos, tanto por la plena transferibilidad de las licencias transables de pesca (LTP), que dejan de ser indefinidas, como por la licitación efectiva de un porcentaje de los derechos históricos de la actividad industrial.  Asimismo, se reconoce el amplio proceso de participación ciudadana con el que contó la tramitación de la ley en el Congreso Nacional en todos sus trámites legislativos desde que ingreso en diciembre de 2011.

Galilea también recordó que "el eje central de la nueva regulación es la sustentabilidad de los recursos pesqueros. La propuesta incorpora el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), estándar internacional al cual se deben llevar o mantener las pesquerías. Éste permite obtener las mayores capturas sin poner en riesgo la disponibilidad  de los recursos en el mediano y largo plazo".

Estos criterios de sustentabilidad para el sector pesquero han sido compartidos y validados por ONG’s como GREENPEACE, OCEANA y WWF, entre otras.

Con esta nueva Ley  las decisiones estarán  basadas en criterios científicos y biológicos para la adopción de las principales medidas de administración, tales como cuotas pesqueras, tallas mínimas de extracción y vedas biológicas y extractivas.

Además, la iniciativa legal recoge el fraccionamiento de cuota entre el sector artesanal e industrial, acordado en la mesa pesquera para las doce principales pesquerías.  Con la entrada en vigencia de la nueva Ley, el sector artesanal dispondrá del 55 por ciento de los desembarques nacionales, mientras que el sector industrial disminuirá a 45 por ciento su participación del valor total. Lo anterior, significa un traspaso de cuotas desde el sector industrial al artesanal en recursos valorizados por 50 millones de dólares al año, incluidas las licitaciones de langostinos y bacalao.