La iniciativa ya está presentada en el Congreso, hace algunos meses la propuesta de Voto programático está disponible para ser discutida por los legisladores, cuando la agenda lo amerite.

La posibilidad de que los candidatos a cualquier cargo público, por Ley, deban inscribir sus propuestas de campaña como resguardo ciudadano de que éstas en ejercicio serán cumplidas, es una iniciativa impulsada desde 2010 por diversas organizaciones de la sociedad civil que pretenden, por esta vía, devolverle el poder a los ciudadanos para hacer valer aquellas ideas que eligen.

Si bien la discusión entre si la votación que la ciudadanía hace es por una persona o por las ideas que éste representa, es antigua, lo claro es que ambas instancias tienen asidero. Para quienes votan por las ideas, encarnadas en un candidato, el que estos representantes puedan cumplir sus promesas es fundamental para creer en la política, en ese escenario las diferentes organizaciones firmantes del proyecto argumentaron la necesidad de discutirlo y convertirlo en Ley.

Para Fernando Estensoro, cientista político del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de la Universidad de Santiago, hoy en día en nuestro país es fundamental lograr algún método de resguardo en lo que respecta a las promesas de campaña.

“De lo que se trata es que los sujetos que son elegidos para que representen a ese pueblo que los eligió, respondan por sus actos. Y lo que hoy día existe es la absoluta irresponsabilidad. Aquí no hay forma de que un político, una vez que ha sido elegido, responda por sus actos. Ese es el meollo de la discusión, en la medida que el proceso signifique que nuestra conciencia cívica se expanda, en que haya una discusión, que hayan mecanismos. Pero sin duda que son positivas”, expresó.

“Es necesario implementar de manera correcta la iniciativa” dijo también el académico, quien explicó que modelos similares al propuesto para nuestro país han sido instalados en otras democracias y que éste da resultado para avanzar en transparencia y sobre todo en regulación del ejercicio de las funciones públicas.

Otra de las aristas desde las que se puede analizar esta iniciativa sería la relación de los jóvenes y los candidatos, o más de fondo de los jóvenes y la política. ¿Podría una medida como ésta impulsar la participación política de los jóvenes, en tanto los candidatos declaren y posteriormente cumplan aquellas palabras prometidas?

Al menos así lo ve Gustavo Gaete, Vicepresidente de la organización. “Yo creo que en el caso de los jóvenes se necesitan muchos más instrumentos para poder acercarse a la clase política, obviamente estas medidas son las que sí acercan a los jóvenes, ya que el rechazo grande que hay es que no existe el compromiso, la transparencia, hacen promesas que no se cumplen”, explicó.

Ese y muchos análisis se podrían desprender desde iniciativas que como esta, buscan impulsar el control ciudadano en las conductas de sus representantes, idea que viene desde hace cientos de años en los procesos democráticos, advirtió Estensoro.

En cuanto a la ciudadanía, desde Nueva Región, Cómo Vamos, la organización civil de la región de los Ríos impulsora de este proyecto de voto programático señala la importancia de que la gente pueda sancionar a quienes no hayan cumplido con sus promesas. Claudia Bustamante, su presidenta, asegura que tampoco se trata de que los ciudadanos puedan sacar del cargo a los representantes sin un previo procedimiento.

“El proceso revocatorio encuentro que es necesario que esté en la ley, pero obviamente tiene que ser después de un proceso donde se ha analizado por qué no se pudo cumplir eso. Lo interesante es el proceso que se da para eso, porque cuando una autoridad no puede cumplir con lo que está en su programa, tiene la posibilidad en el proceso de explicar en el fondo a la ciudadanía esto no lo pude cumplir, por esta razón”, manifestó.

Por lo pronto, existen algunos candidatos que en las elecciones municipales pasadas y también durante este cierre de límite de inscripción han declarado sus propuestas ante notario, con el fin de entregar resguardo a la ciudadanía de que sus ideas serán representadas y cumplidas en el cargo ejercido. Todo esto, hasta que la iniciativa se discuta en el parlamento y exija inscribir dichas propuestas.