El juez Urrutia y “presos políticos”: ¿De qué estamos hablando?

El juez Urrutia y “presos políticos”: ¿De qué estamos hablando?

16 Junio 2021
solo arriesgaban ¡60 días de prisión! Y terminaron en prisión “preventiva” en algunos casos por más de 6 meses
Guillermo Namor Kong >
authenticated user Corresponsal Ciudadano

El debate sobre los “presos políticos” es complejo y no se agota en la dicotomía de “condenar” o “tolerar” el saqueo indiscriminado y la quema de locales que en muchas ocasiones eran el único sustento económico de una familia.

Quiero partir haciendo una precisión. Es distinto sostener que existen “presos políticos” por uso indiscriminado de la prisión preventiva (sin condena), a que existan personas condenadas por razones políticas, más cuando el derecho penal exige conductas exteriorizadas, por ello es muy difícil que alguien “termine preso por lo que piensa”.

Dicho esto, un poco de contexto. En carta enviada por Amnistía Internacional al Gobierno de Chile el 31 de marzo de 2020, se denunciaba que existían diversas personas privadas de la libertad por delitos menores como el de “desordenes públicos” en conexión con las protestas de 2019, y la existencia de uso indebido y desproporcional del derecho penal tras la aplicación de leyes como la Ley de Seguridad Interior del Estado. A eso se sumaba la existencia de preocupaciones por la Ley 21.208, conocida como “Ley Antisaqueos y Antibarricadas” de enero de 2020, que castiga penalmente la obstrucción de la vía publica en el contexto de manifestaciones sociales.

Fue en este contexto que el juez Urrutia, beneficiando a gente de la “primera línea”, sustituyó la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total en virtud del principio proporcionalidad, ultima ratio, y humanidad en la pandemia por el COVID-19, resolución por la que terminó siendo objeto de un sumario y suspendido de su cargo.

¿Cuál es el punto? Dichas personas de la “primera línea”, fueron solo formalizadas por “desórdenes públicos”, delito que abarcaba desde quienes cortan el transito hasta a quienes podían estar simplemente pasando por ahí, y podría bastar el testimonio de dos efectivos policiales para iniciar una investigación “formalizada” en su contra.

Lo neurálgico del asunto es que solo arriesgaban ¡60 días de prisión! Y terminaron en prisión “preventiva” en algunos casos por más de 6 meses, luego de que el Poder Ejecutivo iniciara una serie de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, dando cuenta de la persecución y amedrentamiento que intentó imponerse en directa colisión con la garantía constitucional y democrática de manifestarse.

Mi intención no es destacar lo obvio. En nuestro país sí hubo un uso desproporcionado de medidas privativas de libertad en directa persecución de las manifestaciones sociales. Lo que pretendo subrayar que detrás de todos nuestros actos e institucionalidad hay una dimensión política, desde la forma en como se designan los jueces, hasta el establecimiento de delitos que no innovan en nada mas que aumentar las penas a conductas ya tipificadas, este es el caso de la “Ley anti-barricadas”, una regulación que surge pese a ya existir sanción al delito de daños y desórdenes públicos (por medio de un concurso medial), y que conforme al principio de fragmentariedad parece cuestionable tratar al “libre tránsito” como un bien jurídico cuya afectación merezca una privación de libertad.

Esto es ilustrativo, porque al aumentar las penas se priva de salidas alternativas, a las que antes accedían las personas imputadas por dichas conductas, y muchas terminaron condenadas a penas aflictivas.

Es difícil negarlo, pero dado el contexto en que surgen dichas regulaciones pareciere ser que se trata de algo eminentemente político.

No soy quién para clausurar el debate sobre un tema así de delicado. Las y los convencionales estamos sujetos al estado de derecho, y tenemos proscrita la intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional, reservada a nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no puedo sino recordar que la convención se debe a la gente que marcho y forzó en las calles que nuestra política diera una salida institucional al conflicto social. Nuestro mandato como convencionales es claro, y yo no estoy por condicionar nada, pero como alguien que cree en la institucionalidad espero que esta esté a la altura y no haga caso omiso a un debate que aún no se resuelve.