Un buen gobierno debe regirse por ética de la responsabilidad weberiana. En Chile, cada vez que explota un escándalo – y no lo son pocos en los gobiernos del duopolio – siempre resulta que nadie es responsable: hay una habilidad criolla que hace que, al fin y al cabo, las élites terminen siendo  irresponsables de las estafas.

El caso de La Polar no es más que un ejemplo de los tantos que retratan la irresponsabilidad y la colusión de grupos políticos y empresariales.

En teoría política se supone que todo poder conlleva responsabilidad, pero en Chile los miembros del Tribunal Constitucional no responden ante ninguna otra autoridad, sin embargo, cuentan con un poder omnímodo. En otro plano, el económico-financiero, por ejemplo, la superintendencia actúa prácticamente sin control; en el caso del último escándalo, el de La Polar, sólo el parlamento puede exigir la responsabilidad política al ministro de Hacienda. El único poder con imperio vinculante que posee el parlamento es la acusación constitucional, inaplicable a funcionarios, como los superintendentes que, en el caso de La Polar, pudieron haber actuado irresponsablemente.

En el mundo financiero, en casos muy especiales y con muy bajas penalidades, que se diluyen por buena conducta anterior, pueden ser juzgados penalmente los empresarios, directores y gerentes y, para que esto ocurra, tiene que configurarse un delito. Los casos de abusos contra los deudores y engaños quedan, muchas veces, fuera de la esfera de la responsabilidad. En el fondo, los bancos dirigen la política, digitando la decisiones de las autoridades – por ejemplo, en los casos de la Europa del sur, el Deutsche Bank y Banco Nacional de París, poseedores de la mayoría de los bonos griegos, tienen un papel determinante  en las presiones que ejercen Nicolás Sarkozi y Ángela Merkel ante el Partido Socialista y el parlamento helénicos.

Ni la crisis subprime, a nivel mundial, ni nuestros escándalos nacionales, una vez pasado el shok, han permitido una mayor  regulación de un mercado que, cuando funciona solo, tiende a convertirse en una bestia devoradora y fraudulenta que ataca a los más pobres. La destrucción que producen estas crisis, provocadas por la especulación, tienden a marginalizar, cada vez más, a la sociedad civil.

El resultado de esta dictadura bancaria se ha traducido en que la democracia representativa sea parlamentaria, semipresidencial o presidencial, pierda soporte en la soberanía popular, convirtiéndose la política en una actividad separada de la sociedad, que no tiene nada que ver con la vida corriente de las  personas, sólo un juego de intereses que se entremezclan con el poder bancario y que lleva a que la sociedad civil rechace a los partidos, las instituciones e, incluso a la democracia representativa, en pos de formas asambleístas horizontales o de democracia directa, o plebiscitaria.

En Chile no somos inmunes a esta pérdida de prestigio de la democracia representativa y de los partidos políticos debido a la inexistencia de una ética de la convicción, además de la ética de la responsabilidad, para usar los términos weberianos. El rechazo tanto al Ejecutivo, como al parlamento, a los partidos tanto de la Coalición por el Cambio, como de la Concertación, tiene una de sus raíces en el derrumbe de ambas formas de ética.     
   
Es difícil visualizar, a corto plazo, cuál será el destino de estos movimientos sociales que emergen con fuerza en todo el mundo ante las crisis de formas políticas - propias del siglo pasado –que han logrado renovar el valor de las respuestas espontáneas de la ciudadanía, que parecían anuladas por canales políticos completamente divorciados de la realidad de las personas en su cotidianidad. Es una nueva ética de la convicción que se enraíza en la ciudadanía y que construye horizontes de esperanza.