Como un “complejo escenario para la Región de Atacama”, calificó el Senador de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, Baldo Prokurica, la realidad que vive el sector minero nacional y especialmente regional, debido a las señales de alerta que se han encendido en el sector, dados los fuertes movimientos que se están generando en la industria más importante del país.

La última resolución – que se suma a la lista-, fue la paralización del proyecto El Morro de Goldcorp, (Provincia del Huasco), que involucra una inversión de US$3.900 millones, esto tras una resolución de la Corte Suprema que somete al proyecto a una nueva consulta indígena de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Veo con preocupación y por que no decir con envidia, como los proyectos mineros en la segunda y la cuarta región ‘caminan sobre rieles’, y están generando una de las mejores condiciones de vida –en Antofagasta-, que tiene el país y nosotros en la Región de Atacama, en donde teníamos miles de millones en inversión, todos los proyectos están en el suelo”, indicó Prokurica.

Así mismo el legislador por Atacama aseguró que “la gente ha aumentado su desesperación, frente al aumento en los niveles de cesantía, casi al doble de lo que tuvimos solo un año y medio atrás”.

“Pasamos de ser la región del país que más generaba empleos en el país, a ser la segunda donde más crece el desempleo a nivel nacional”, sentenció Prokurica.

En la misma línea, el parlamentario integrante de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, agregó que “nos preocupa la actual situación que se vive hoy con el El Morro, y con otros proyectos que teniendo la oportunidad de ser un motor para el desarrollo de Atacama, ya que hoy estamos de rodillas frente a esta gran cantidad de proyectos que están suspendidos, judicializados o paralizados”.

"Una situación preocupante"

Según cifras de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), los proyectos que enfrentan diferentes dificultades para su realización se concentran principalmente en los dos sectores de mayor dinamismo en los últimos años: minería y energía. En el primer caso, las obras afectadas totalizaron 14 iniciativas, con una inversión de US$44.773 millones, cifra que representa el 61,3% de los montos totales que aparecen en el catastro.

El “Observatorio de la Inversión”, elaborado por SOFOFA, actualizó –al 30 de julio de 2014-, la lista de proyectos que permanecen frenados por distintos obstáculos que han debido enfrentar las empresas, de forma indirecta. Esta situación ha generado la Paralización, Postergación y, en algunos casos, hasta el Desistimiento de 44 iniciativas, que en su conjunto representan unos US$73.025 millones de inversión sin materializar.

Esta cifra, que aumentó 31,9% desde su última medición en junio de 2013, equivale al 27,2% del monto total que registra la cartera de proyectos, evaluado actualmente en US$268.600 millones.

La realidad de Atacama

La Región de Atacama lidera el listado nacional, con 12 proyectos paralizados correspondiente a US$28.318 millones, monto equivalente al 38,8% de los recursos detenidos del país. Según esta realidad, los proyectos obstaculizados se encuentran principalmente en las comunas de Copiapó (US$6.100 millones), Tierra Amarilla (US$6.000 millones) y Vallenar (US$4.500 millones).

En lo específico, en Atacama –al recientemente paralizado proyecto El Morro (US$3.900)-, se suma Cerro Casale (US$6.000 millones), Central Castilla (US$5.000 millones), y la suspensión de Pascua Lama (US$2.833 millones).

El mismo estudio elaborado por la Sofofa, indica que la judicialización es la dificultad que se presenta con mayor frecuencia en la detención de proyectos y la que concentra la mayor cantidad de recursos. En este grupo se contabilizaron 20 iniciativas, por US$23.513 millones, monto que representa el 32,2% de la inversión detenida.

Entre los proyectos se encuentran Cerro Casale (US$6.000 millones), Central Castilla (US$5.000 millones), y proyecto El Morro (US$3.900 millones), los cuales pese a contar con su aprobación ambiental, trasladaron su desarrollo a tribunales.