Diputados piden “no concretar nuevo abuso” y retirar decreto por alza de 15% en cuentas del agua en Atacama

Un enfático llamado al gobierno efectuó la diputada (PS) Daniella Cicardini a “no concretar un nuevo abuso con Atacama”, y a retirar el decreto desde Contraloría General de la República, en donde se encontraría para toma de razón, y que establecería un alza en torno a un 15% en las cuentas del agua para comunas de Atacama al momento de la puesta en marcha de la planta desaladora que se construye con inversión pública en Caldera.

La parlamentaria solicitó el envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados luego de las declaraciones del Superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, en las que estimó en alrededor de un 15% el eventual alza en las cuentas del agua tras el inicio de la operación de la infraestructura que se estima para el año 2021, suministrando agua para el consumo humano de Copiapó, Caldera, Chañaral y Tierra Amarilla.

Al respecto, la diputada Cicardini recordó que “uno de los principales objetivos de que fuese el Estado el que asumiera la construcción de esta planta con recursos públicos, era precisamente evitar que el costo de estas inversiones se traspasara a los usuarios, sobre todo cuando no es la gente la que ha agotado cuencas como la del río Copiapó, sino actividades productivas como la de grandes mineras o agricultura de gran tamaño”.

“Jamás se dijo a los atacameños que lo salado que se le quitaría al agua de mar se trasladaría a lo salado de la cuenta del agua; al revés se habló incluso de que sería un freno al aumento de la tarifa”.

“Entonces, en un contexto en el que además la gente está luchando justamente por terminar con los abusos, en que la gente de Atacama ya tiene que vivir con un agua que contiene los mayores niveles de dureza del país, pagar tarifas altas y un presupuesto aparte por agua envasada,  no se entendería para nada que más encima se le aumentara aún más la cuenta del agua”, agregó la parlamentaria.

En la misma línea Cicardini subrayó que “por eso hago un llamado al gobierno y a las autoridades competentes a detener esta alza, a retirar el decreto que se encuentra para toma de razón en Contraloría,  y a no concretar este nuevo abuso con Atacama y con su gente, que ya ha sido suficientemente postergada, y lo que hoy espera es más justicia y retribución a lo que aporta y no más castigo al bolsillo de su población”.

Asimismo, la legisladora solicitó el envío de oficios de fiscalización de la Cámara de diputados dirigidos al ministro de Obras Públicas y al Superintendente de Servicios Sanitarios a fin de conocer información técnica en la que se sustenta el alza, estado del proceso, y en los que pide reconsiderar el incremento del alza, siguiendo un criterio similar al utilizado la fijación de tarifas con Aguas Andinas, donde incluso se logró establecer un rebaja de las cuentas de agua que comenzaran a regir durante el próximo año 2020.

Por su parte el diputado Juan Santana, indicó que “ya habíamos advertido de esto hace un tiempo atrás y, es por eso que le estamos pidiendo ahora directamente al intendente que retire el decreto tarifario”.

Además, Santana agregó que “el estallido social tiene su génesis, en parte, por el alto costo de la vida y los ingresos insuficientes con los que se cuentan. De hecho, un estudio de la Fundación Aquae, indica que la comuna de Copiapó está dentro de las 10 ciudades con el precio del agua más elevado de Latinoamérica, algo que es impresentable y por lo que urge tomar medidas”.

Para cerrar, el diputado advirtió que “la empresa Aguas Chañar, concesionaria de los servicios sanitarios de Atacama, recibió más de 1.600 millones en multas entre 2015 y 2018, entre ellas, por incumplimiento en la calidad del servicio y del agua propiamente tal, lo que nos muestra que aparte de mala calidad del agua, el alza de la tarifa no se justifica. Esperamos que los costos lo paguen el empresariado y no los vecinos y vecinas de la región”.