Seguridad y Estado

Cuando enfrentamos el tema de la delincuencia y los crecientes índices de inseguridad en que vivimos como sociedad, se expresa inequívocamente un sentimiento de insatisfacción frente al cumplimiento de la responsabilidad esencial y básica de todo Estado: garantizar la seguridad pública. Ésta es una actividad elemental para mantener las condiciones materiales que permiten la vida social en todas sus expresiones legales y legitimas.
El aumento de la violencia cotidiana y los delitos en contra de la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, sin dudas genera crisis que se ven exacerbadas cuando las diferentes instancias de Gobierno muestran su incapacidad para mantener en sus ámbitos de responsabilidad el orden mínimo que debe prevalecer. También se expresa esta crisis a través de la creciente desconfianza de la sociedad en los tribunales de justicia. Las leyes sirven para fijar las reglas del juego en una sociedad. En la medida que conozcamos las sanciones por los actos u omisiones ilícitos que se puedan cometer, y que dichas sanciones real e invariablemente se apliquen cuando se realiza la conducta ilícita, las leyes se convierten en código de conducta efectivamente observada.
Si bien es cierto siempre será bueno contar con buenas leyes y con castigos ejemplares, no menos importante es que los cuerpos de seguridad y orden y los juzgados apliquen las sanciones que correspondan. Es la única manera de obtener certidumbre y confianza social y jurídica.
Los expertos en seguridad pública han identificado con frecuencia estos problemas. Sin menoscabo de la importancia de enfrentar las causas que provocan los delitos, en su combate lo importante es implementar estrategias integrales y no medidas aisladas y mediáticas contra los delitos, la corrupción y la impunidad, como sucede con frecuencia; alcanzar una efectiva coordinación y colaboración entre instituciones e instancias de Gobierno, lograr el verdadero control y supervisión, así como el superar la falta de voluntad para afrontar la responsabilidad política y gubernamental producto del alejamiento entre las instituciones y la sociedad.
Como siempre, nada se podrá hacer ni tampoco nada podrá tener éxito si las diferentes autoridades no se superponen a sus propios intereses políticos y partidistas, y efectivamente trabajen para cumplir con sus responsabilidades a favor de la sociedad a la que se deben.
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