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En conversación con nuestra emisora, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea mostró su confianza en que durante la próxima semana será aprobado el proyecto de ley larga de pesca, luego que el Ejecutivo presentara un grupo de indicaciones a la iniciativa que según Galilea, responden a todos los sectores involucrados en la discusión, la que tuvo su último capítulo en una polémica sesión donde fue aprobada la idea de legislar.

El subsecretario explicó que las indicaciones nacieron de largas conversaciones entre funcionarios, científicos y técnicos de la secretaría de Estado con senadores de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista.

Además, Galilea aseguró que también se ha tomado en cuenta para la elaboración de las modificaciones, las conversaciones que el ministerio de Economía ha sostenido con ONGs y agrupaciones de pescadores artesanales.

“Estuvimos en cada una de las caletas, con los pescadores, con las bases, con los dirigentes y en esas reuniones recogimos muchas materias que hoy han sido incorporadas como indicaciones. También hemos hecho lo propio con las ONGS, en particular con Greenpeace, que ha tenido algunas observaciones al proyecto, cuyo pilar fundamental es la recuperación y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Aquí hemos escuchado, prácticamente,  a todos los actores relevantes y se han incorporado aquellas materias donde hemos podido concitar acuerdos bastante amplios”, explicó el subsecretario de Pesca.

En este sentido, Pablo Galilea, explicó que las indicaciones consideran fortalecer los entes investigadores, apoyar al desarrollo productivo de la pesca artesanal y el limitar el período de las licencias transables de pesca.

Por esto, el subsecretario aseguró a Radio Universidad de Chile que se han considerado todas las posturas, por lo que confía en la calidad de la iniciativa.

“Un proyecto que tiene tantos conflictos de intereses, tantas aristas, dejar contento a todo el mundo es prácticamente imposible, pero creemos y estamos seguros que aquí lo que hemos hecho, a través de este acuerdo es velar por el bien común y creemos que es una buena ley que va a garantizar la sustentabilidad de los recursos y que un número muy importante de los actores, tanto industriales, artesanales, energía y mundo académico, vamos a logra una ley que asegure los recursos pesqueros para Chile”, explicó Galilea.

Quien también presentó indicaciones al proyecto fue el senador socialista Fulvio Rossi, miembro de la comisión de Pesca de la Cámara Alta, las que según explicó, establecen el dominio público de los recursos hidrobiológicos y limita plazos de licencias transables de pesca.

Además, crea el Instituto de la Pesca Artesanal, fortalece al servicio nacional del ramo, para su mejor fiscalización; y asegura el recurso para pequeñas y medianas empresas.

Por  ello, el legislador llamó a cambiar con prontitud la legislación, criticando a quienes a comienzos de octubre votaron contra la idea de legislar.

“Aquellos que han planteado prorrogar la vigencia de la actual ley transitoria, al final del día, le están haciendo un favor a los empresarios, porque vamos a mantener las mismas condiciones en las cuales hoy se distribuyen los recursos de todos los chilenos, con criterios arbitrarios, políticos, discrecionalidad, sin considerar los informes científicos. Eso ha contribuido a la explotación irracional del recurso, ya que muchas pesquerías están hoy prácticamente en estado de colapso, por eso es muy importante legislar hoy en la materia”, sostuvo el parlamentario PS.

Las acotaciones de Rossi también incluyen el reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios vinculados al borde costero, a los cuales “se los otorgará los mismos derechos que las otras categorías mencionadas en esta ley”.

Cumpliéndose acuerdos en estos ámbitos, según el legislador socialista, podría haber un acuerdo a la brevedad para la aprobación de la llamada Ley Longueira.  Sin embargo, la iniciativa sigue siendo rechazada por algunos gremios de la pesca artesanal y otras organizaciones ciudadanas, quienes además acusan conflicto de interés de algunos parlamentarios.

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