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Los dichos de la Ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, sobre le rechazo a la instalación de la Termoeléctrica Castilla en Atacama, no pasaron inadvertidos para la Corte Suprema. 

“A mi juicio la Corte no debiera calificar,porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es laautoridad sanitaria (...) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esostemas para decir que esto es contaminante o no”, fue una de las afirmaciones.

Ante las declaraciones vertidas por la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, sobre el rechazo a la Termoeléctrica Castilla, el pleno de la Corte Suprema emitió la siguiente declaración pública.

En el capítulo Tercero, este poder del Estado se extiende en las razones del rechazo a las declaraciones de la Ministra de Gobierno.

"Tercero: Que el derecho a formular críticas respecto de las actuaciones delos órganos del Estado se encuentra constitucionalmente resguardado y esta Corte Suprema por cierto velará para que nada obste a su legítimo y libre ejercicio, dentro de los marcos que han delimitado la Constitución y las leyes.

No obstante lo anterior, del tenor de las declaraciones de la señora Ministra del Medioambiente puede concluirse que éstas no han importado crítica, sino que constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a lostribunales de justicia.

En efecto, las afirmaciones más arriba transcritas van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental.

Ahora bien, la jurisdicción ha sido concebida precisamente, entre otros fines, para revisar y cautelar que la actividad de los órganos que forman parte dela Administración del Estado no contravenga la legislación vigente, cuando se leplantea que ésta ha privado, perturbado o simplemente amenazado el legítimoejercicio de derechos fundamentales. Se trata, en consecuencia, no de cuestiones meramente técnicas, sino de conflictos en que las personas reclaman protección, que los tribunales que forman parte del Poder Judicial de la República jamás les negarán, en el ejercicio inclaudicable de su tarea de administrar justicia.

En este contexto, el Pleno de la Corte Suprema manifiesta su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora Ministra del Medioambiente, que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho."

El comunicado completo puede leerse, aquí [12]