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La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió un recurso de protección interpuesto por la Sede regional Atacama del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que ésta recibiera numerosas denuncias de alumnos/as, apoderados/as, directivos/as, docentes, y vecinos/as de varios establecimientos educacionales públicos de la comuna de Copiapó, que daban cuenta de permanentes eventos de emanaciones de gases que ocurrían tanto al interior de los mismos como en los alrededores.

En su fallo la Corte estableció que “se ha demostrado que como consecuencia del evento climático que afectó a la Región de Atacama el año 2015, y especialmente a la ciudad de Copiapó, varios sectores de la ciudad evidenciaron presencia de gas sulfhídrico en la infraestructura sanitaria interior de los inmuebles en que se emplazan determinados recintos educacionales, vulnerándose por omisión los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, de los habitantes de esta comuna que conforman las comunidades educativas de los establecimientos mencionados en el recurso”, entre ellos el Liceo El Palomar, Escuela Las Brisas, Escuela Jesús Fernández Hidalgo, y varios jardines infantiles.

La Corte de Apelaciones determinó que corresponde a la Municipalidad de Copiapó proseguir con las medidas preventivas, correctivas y de coordinación con los demás servicios públicos, a fin de salvar los riesgos para la salud de las personas, evitando daños al medioambiente y velando por el acceso a un proceso educativo de carácter continuo de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de dichos recintos educacionales.

Además, le ordenó proseguir con las obras materiales que sean necesarias para “solucionar definitivamente el problema asociado, esto es, minimizando el riesgo de intoxicación por gases, en especial el ácido sulfhídrico”.

Por último, se estableció que corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios velar por el íntegro y adecuado cumplimiento de lo decretado, lo que deberá concretarse en un plazo máximo de tres meses.

Como consecuencias de las permanentes emanaciones de gases, los colegios afectados debieron adoptar una serie de medidas que afectaron el adecuado desempeño de la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que concurren a ellos, alterando además a la comunidad educativa en su conjunto.

Se produjeron así suspensiones de clases, términos anticipados de la jornada diaria, implementación de horarios de ingreso y de término de jornada, repartición de colaciones frías, tomas de establecimientos educacionales por parte de alumnos y apoderados, marchas por las calles céntricas de la ciudad, y derivaciones a los servicios de urgencia de distintos centros asistenciales de la comuna.

Críticos fueron los  episodios de emanaciones ocurridos en agosto y septiembre de 2018, los cuales afectaron a siete establecimientos educacionales, dejando alumnos/as y funcionarios/as  intoxicados y recibiendo atención médica, además de la suspensión de las clases.