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Una pena de doce años de cárcel deberá cumplir un condenado a quien la Fiscalía de Atacama investigó y acusó por su responsabilidad en delitos de carácter sexual que cometió en contra dos hermanas en distintos periodos de tiempo en Copiapó. Hechos que fueron indagados a cabalidad, obteniendo la sentencia condenatoria en contra del acusado.

De acuerdo a lo manifestado por el fiscal de la causa, Guillermo Zárate, en audiencia de juicio oral, la acusación en contra del imputado fue por cuatro delitos de connotación sexual que cometió en contra de dos niñas menores de edad, a la fecha en que ocurrieron los ataques. Delitos que lograron ser acreditados con la propia declaración de las víctimas, además de otros medios de prueba que fueron presentados ante los Jueces de la primera sala del Tribunal Oral de la capital regional.

Parte de los antecedentes expuestos por el fiscal, indicaron que el condenado actuó en contra de las víctimas aprovechando su cercanía al ser pareja de la madre de las afectadas, además de amenazarlas y golpearlas para poder concretar los abusos.

“Para la Fiscalía de Atacama este tipo de casos son particularmente graves por causar un daño que se extiende en el tiempo hacia las víctimas, razón por la que agotó todas las herramientas investigativas disponibles para reunir las pruebas que permitieron la condena efectiva de cárcel en contra del imputado”, dijo el fiscal. 

Guillermo Zárate agregó que debido a la gravedad de estos casos intervino la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, cuyos profesionales acompañaron a las víctimas para que pudieran prestar declaración durante la audiencia de juicio oral.

Además de los doce años de cárcel efectiva que deberá cumplir el condenado, el Tribunal lo sancionó a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros cada tres meses el domicilio en el cual resida. Además el acusado fue condenado a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.