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A poco más de un año de haber asumido como diputado en representación por Atacama, acabo de rendir por primera vez, cuenta pública de mi gestión parlamentaria.

Curiosamente, de todas las autoridades elegidas democráticamente, sólo el Presidente de la República y los alcaldes, tienen la obligación legal de rendir cuenta. En cambio, respecto de los parlamentarios no existe ninguna norma constitucional o legal que nos obligue a hacerlo.

Ésta es, sin duda, una de las razones por las cuales la ciudadanía se siente cada vez más distante de nosotros, sus representantes. Probablemente muchos tienen la impresión de que los parlamentarios nos mandamos solos y no le rendimos cuenta a nadie. Nada más alejado de la realidad.

Según la propia Constitución, los parlamentarios somos mandatarios, es decir, debemos cumplir una orden o mandato entregado por la ciudadanía. Y como todo mandatario, debemos rendir cuenta de cómo hemos cumplido con lo que se nos ha ordenado. De esta forma, la gente tiene la oportunidad de saber qué han hecho sus representantes durante su gestión.

Con el desarrollo de la democracia y la paulatina incorporación de nuevos grupos al derecho a voto, este mandato se fue haciendo cada vez más lejano. Si hace poco más de 100 años un diputado era elegido por menos de mil electores, hoy en Chile, en el distrito más pequeño, precisamente el sexto distrito, votan más de 45.000 personas.

Eso, sin duda, ha afectado la comunicación y el contenido del mandato que nos entrega la ciudadanía. 

Por eso, en mi caso particular, además de informar del cumplimiento de cada uno de mis compromisos  suscritos y todas mis actividades, tanto en el Parlamento como en terreno, se me hace imperativo implementar nuevas formas de comunicación con la comunidad, de manera eficiente, que permitan recoger la opinión de la gente.

En lo concreto, rendir cuenta significa asumir la responsabilidad de las que han sido las acciones de los parlamentarios durante su gestión. Es lo que los anglosajones denominan “accountability” y que implica no sólo la responsabilización de los representantes elegidos democráticamente y de las autoridades en general, sino también, la necesaria transparencia de sus acciones y decisiones.

Sólo de esta forma, dando razón de los fundamentos de nuestro trabajo e integrando a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, lograremos sortear con éxito la crisis de representatividad que actualmente enfrenta el mundo entero y que, en el largo plazo,puede poner en riesgo nuestra tan difícilmente alcanzada democracia.