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La Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) funciona desde el 8 de agosto de 2012. Fue creada como reacción a las manifestaciones de distintos sindicatos y confederaciones, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP para exigir la creación de un sistema solidario de reparto, como el que existía antes de la dictadura.

Luego de más de un año de escuchar a especialistas y grupos de todas las tendencias y sectores, la comisión está a las puertas de entregar su informe de conclusiones. El senador PPD Eugenio Tuma, quien preside esta comisión, anticipó que el informe contiene más de 20 propuestas, pero la principal de ellas recomienda ceñir al país al estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya ha tipificado en detalle los derechos que debe resguardar un sistema previsional. Aquí se cuenta, por ejemplo, que los cotizantes tengan derecho a escoger si quieren estar en una AFP como opción alternativa y adicional, porque la pensión debería ser entregada por un sistema de reparto.

Tuma agregó que “el acuerdo más importante es que la comisión aprobó una recomendación para que el Estado asuma el daño previsional y lo repare. Los parlamentarios no tenemos facultades para incidir en la administración presupuestaria, pero el Ejecutivo tiene la responsabilidad de acoger este llamado y buscar fórmulas de financiamiento, para que se mejoren sustantivamente las pensiones”.

El análisis de la comisión señala que la promesa de las AFP de entregar pensiones equivalentes al 70 por ciento de los ingresos obtenidos en el período laboral no se condice con un mercado laboral donde sólo el 30 por ciento de la fuerza laboral accede a un empleo con contrato de trabajo estable; con un sector público donde el 45 por ciento de los trabajadores se encuentra en la modalidad de contrata u honorarios; y donde sólo diez por ciento de los cotizantes efectúa su ahorro previsional todos los meses que exige la ley.

El promedio de cotización previsional de los trabajadores en Chile es de seis meses meses y el de las pensiones, de 183 mil pesos.

El economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativos (Cenda), Gonzalo Cid, fue uno de los que expuso ante la Comisión y recalcó que en 2012 las AFP recibieron 4,3 billones en cotizaciones, más 1,3 billón aportado por el Estado. Es decir: 5,6 billones. Sin embargo, solo entregaron 2,5 billones en pensiones.

Esto significa que con un sistema de reparto, Chile podría duplicar las pensiones de los jubilados: “Hay que generar una perspectiva de cuál es la pensión digna que debería recibir un jubilado y que ésta sea pareja para toda la ciudadanía, tanto Fuerzas Armadas como población general. En ese sentido, si tuviéramos un sistema de reparto, con la cantidad de dinero que se recaudó por cotizaciones a través de todos los trabajadores y trabajadoras, podríamos haber duplicado las pensiones a todos, sin que esto signifique un costo mayor para ningún ciudadano ni para el Estado”, afirmó.

La Fundación Sol, que también expuso ante esta comisión especial, enfatizó a través del economista Marco Kremerman que Chile es considerado una rareza a nivel mundial, porque la mayoría de los países tienen un sistema de reparto: “El caso chileno es bastante inédito a nivel mundial. Son muy pocos los países donde opera casi exclusivamente un sistema privado de pensiones, como el eje central de la seguridad social. En gran parte de los países de Latinoamérica y en casi todos los países europeos existe un sistema solidario de reparto. Y si existe un sistema privado es complementario, para mejorar las pensiones y agregar elementos de ahorro voluntario adicional, pero no es el eje como en Chile”, aseguró.

El Senado debe votar este 8 de enero si aprueba el informe de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).