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Según consigna un informe de la Contraloría General de la República, los servicios identificados como responsables hicieron notar varios problemas para desalojar como el gasto que implicaría una demolición, la fecha más propicia para llevarla a cabo y el "costo social" que significaría echar a la gente. Por ello, las autoridades regionales iniciaron un plan de erradicación, pero también de regularización.

El dictamen del organismo público, los fiscalizadores estuvieron en los sectores Obispito, Rodillo, Caleta Zenteno y Barranquilla, encontrando casas en terrenos fiscales e incluso en zonas de protección, destinadas a la instalación de edificaciones complementarias al uso del balneario. También se detectó que usan terrenos diseñados para la instalación de camping y cabañas. Y no faltan las casas que se levantan en zonas inundables ante posibles maremotos.

El mayor problema, según dice el informe, es la "falta de urbanización y las soluciones sanitarias de alcantarillado" que permiten la proliferación de "un gran número de fosas sépticas sin autorización sanitaria, advirtiéndose problemas de tipo sanitario y ambiental".

En Barranquilla, Rodillo y Sector Obispito, los fiscalizadores contabilizaron unas 300 casas que están instaladas de forma irregular. Se trata de segundas viviendas construidas con material de "albañilería de bloques y estructuras de madera, las cuales se encuentran dispersas entre sí y localizadas en tres distintas áreas".

Según señaló a "La Segunda" el capitán del puerto de Caldera, Javier Cáceres, como autoridad marítima sus funcionarios "deben velar por la franja de 80 metros desde la más alta marea (parte de la playa próxima al agua de mar), que es tuición del Ministerio de Defensa. Lo que sobrepasa a esto es jurisdicción de Bienes Nacionales. Nosotros cada seis meses actualizamos el catastro de ocupaciones ilegales y se remite un oficio al gobernador provincial, le informamos la condición y cuántas nuevas ocupaciones ilegales tenemos, así solicitamos el auxilio de la fuerza pública para desalojar".

En tanto el asesor jurídico de la Municipalidad de Caldera, José Luis Vera , reconoce que "vamos a enfrentar límites legales que van a impedir que se vendan ciertas partes, como también habrá personas que deberán salir porque están en zonas de riesgo o patrimoniales. Se está trabajando a nivel de planificación y la municipalidad ha dispuesto la asesoría técnica y jurídica para realizar el plan, pero esto está en pañales".

Los sectores afectados

Sobre la situación de Puerto Viejo, que históricamente es conocido como una de las "tomas" más grandes de esta región (con más de 2 mil casa de veraneo), en la Contraloría indicaron que no fue fiscalizada, debido a que se trata de un asentamiento privado.

En Barranquilla, Rodillo y Sector Obispito, los fiscalizadores contabilizaron unas 300 casas que están instaladas de forma irregular. Se trata de segundas viviendas construidas con material de "albañilería de bloques y estructuras de madera, las cuales se encuentran dispersas entre sí y localizadas en tres distintas áreas".

En Sector Obispito unas 80 casas están emplazadas en terrenos pertenecientes a Bienes Nacionales y otras 4 en la jurisdicción de la Gobernación Marítima.

Lo mismo ocurre en Rodillo, balneario que por su cercanía a la carretera y belleza natural recibe más visitantes que el resto de las localidades. También es uno de los más antiguos asentamientos, por lo que incluso ya hubo una regularización de terrenos -en el sector sur de esta zona- mientras que para el norte al menos 100 viviendas no tienen título de dominio.

En Barranquilla en tanto hay por lo menos 87 casas de veraneo pero no conforme con ello, Contraloría advirtió que se han "cercado y delimitado otros terrenos fiscales, para emplazar irregularmente viviendas".