En el último cruce masivo con el Registro Civil que realizó la Superintendencia de Educación a nivel nacional, se revisaron 521 mil 25 RUT de profesores, asistentes de la educación, profesionales para la Evaluación y Diagnóstico de Educación Especial y profesionales registrados en Asistencia Técnica Educativa.

En Atacama la Directora Regional de la Superintendencia de Educación, Marggie Muñoz, realizó un llamado a los establecimientos educacionales a cumplir con verificar, al menos, al inicio del año escolar, o cada vez que se contrate un funcionaruio nuevo, en el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad a todo su personal — profesional de la educación, técnicos, administrativos, auxiliares y toda persona que trabaje en el establecimiento—, y así confirmar que no concurran causales de inhabilidad para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad”.

Agregó que “con esta accion preventiva, junto al chequeo que realiza a nivel nacional la Superintendencia, con las bases del registro civil, estamos impidiendo que los condenados por este tipo de delitos, logren ingresar al sistema escolar. Nuestro objetivo es proteger a todos nuestros niños y niñas, para que estudien en ambientes seguros”.

“Es importante señalar que los establecimientos deben mantener una nómina actualizada anualmente que dé cuenta de la verificación de todos sus trabajadores o funcionarios en el Registro de Inhabiltados, el cual debe mantenerse a disposición de la Superintendencia de Educación.

Factor Inhibidor

“La buena noticia es que cada vez son menos los que se atreven a quebrantar la condena. No sólo por las revisiones periódicas que hacemos como Superintendencia, que sin duda es un factor inhibidor, sino porque, además, los colegios están tomando las medidas de resguardo, con la consulta sobre Inhabilidades al Registro Civil, al momento de la contratación de su personal e incluso en distintos períodos del año”, enfatizó la Directora.

Cabe recordar que la Ley 20.594, sobre Inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, entró en vigencia el 19 de junio de 2012 y el 10 de octubre de ese mismo año empezó a operar el Registro de Inhabilitados para trabajar con menores de edad.

Desde 2013 a la fecha, a nivel nacional la Superintencia de Educación ha detectado —incluyendo este último cruce— 56 casos de personas inhabilitadas dentro del sistema escolar (48 en 2013 y 8 en 2014). De ellos, 13 son docentes, 18 asistentes de la educación, 17 transportistas escolares, 7 profesionales (médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicólogos), y un integrante de una ATE.