Ante un terremoto, un tsunami o las inundaciones que suelen afectar a nuestro país, se activan diversos protocolos y procedimientos para ir al rescate y la ayuda en los primeros momentos de la emergencia.

Son momentos críticos en los que se involucran elementos gubernamentales y también de los privados. Pero al pasar de los meses queda en evidencia una compleja situación: ¿quién paga los costos que involucra el despliegue de fuerzas humanas y técnicas?

Es un aspecto poco conocido pero que salió a flote durante la discusión presupuestaria en la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos que analiza los fondos destinados al Ministerio de Defensa.

Así lo dio a conocer el senador Baldo Prokurica quien explicó que "el desembolso realizado por el Ejército de Chile en situaciones de emergencia, alcanzarían los $2.000 millones, los cuales deben ser devueltos por el Estado, ya que son fondos están asignados para otras tareas propias de la institución".

El parlamentario integrante de la Comisión de Defensa, expuso “que a lo anterior, hay que sumarle que la FACh gastó el 2% de su presupuesto anual, sólo en la crisis vivida en la Región de Atacama en el mes de marzo, recursos que tampoco han sido reintegrados a dicha institución".

“Lo que ha ocurrido, en la distintas Subcomisiones de Presupuesto, es que ha quedado en evidencia que la fórmula, que he denominado como ‘La Política del Rebote’, no resulta correctamente ni menos funciona”, expuso el legislador de RN.

GASTOS PRIVADOS

Asimismo, el parlamentario precisó que otro de los temas pendientes son las denuncias por pagos pendientes a privados tras la catástrofe vivida con los aluviones en el norte, principalmente en las  Comuna de Diego de Almagro, y Copiapó; por un monto que superaría los $8.000 millones a nivel regional, situación que el senador Prokurica solicitó aclarar al Director de Presupuesto mediante el envío de un oficio

Detalló que “el gobierno no ha cumplido con los recursos comprometidos para enfrentar la catástrofe y reconstrucción de Atacama después de la tragedia, incluso el propio Intendente ha informado que de los primeros US$500 millones comprometidos no se ha invertido un peso, realidad que tiene como consecuencia la existencia deudas millonarias en facturas impagas a empresas de la región, que desarrollaron labores en el momento de la catástrofe y que hasta el día de hoy, luego de casi 7 meses, no han sido canceladas”.

“Esta es una situación inaceptable, y a la vez peligrosa, ya que si ocurriera alguna otra catástrofe como la del pasado mes de marzo, no existirá la voluntad, ni disposición, que existió tanto de empresas, como de particulares, de poner a disposición todos sus medios para el rescate de personas, junto con proteger los bienes públicos y privados, como ocurrió el pasado 25/M”, recalcó el senador Prokurica.