Dos nuevos imputados sumó la Fiscalía de Atacama a la investigación por delitos de carácter económico que se indagan por distintos hechos cometidos en el transcurso de los años 2015 y 2016 en la Municipalidad de la comuna de Tierra Amarilla. Este martes se comunicaron los delitos por los cuales están siendo indagadas otras dos personas que aparecen mencionadas en la investigación que se lleva a cabo.

En la oportunidad el fiscal de este caso, Luis Miranda, formalizó a quien ocupó el cargo de secretaria ejecutiva de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo de Tierra Amarilla (Cordeta) en la fecha mencionada, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Imputada que es familiar del alcalde de la época, también formalizado en esta causa.

De la misma manera, el fiscal Miranda comunicó los mismos cargos en contra de quien aparece como el representante de la empresa Likar SpA que en el año 2016 fue contratada por la Cordeta para realizar distintas funciones en la mencionada Corporación, tareas que, según pudo establecer la Contraloría Regional, no realizaron a pesar de haber contratado personal para ello. Asumiendo dichas funciones personal propio de la municipalidad. Empresa que además no cumplía con los requerimientos técnicos ni de insumos para asumir las funciones especificadas en el contrato.

“Esta es una investigación de larga data que se mantiene vigente y que surgió a partir de un informe de la Contraloría y en el marco de la persecución penal anticorrupción de la Fiscalía Regional de Atacama. En esta audiencia comparecieron dos imputados, y aún resta un cuarto, a quienes se les atribuyó participación en calidad de autores en los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, hechos que contemplan penas de crimen por los montos malversados y por la pena que la Ley asigna a estos ilícitos”, dijo el fiscal.

En esta audiencia Luis Miranda solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra de ambos imputados, accediendo el juez de turno quien además prohibió la comunicación entre ambas personas. Esto, a petición del abogado del Consejo de Defensa del estado que es querellante en esta causa.