La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de seis imputados, a quienes atribuye responsabilidad en el delito de fraude al fisco cometido en la Municipalidad de Tierra Amarilla, posterior al aluvión ocurrido en mayo del año 2017. Antecedentes que surgieron a partir de una investigación que desarrolló la Contraloría Regional de Atacama.

La audiencia se desarrolló este martes en el Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia en que el fiscal de la especialidad de delitos económicos, Luis Miranda, expuso los antecedentes de la causa. Los cuales han involucrado diversas diligencias investigativas y análisis de informes contables por acciones llevadas a cabo en el interior del municipio que derivaron en un perjuicio fiscal de más de 240 millones de pesos. Causa en que además interviene el Consejo de Defensa del Estado que actúa como querellante.

De acuerdo a lo conocido en la audiencia luego de las inclemencias del tiempo de mayo de 2017, una vez decretada la zona de catástrofe en la mencionada comuna, el alcalde de la época, el administrador municipal, la secretaria municipal y otros dos funcionarios realizaron acciones administrativas para intervenir el proceso de limpieza y sanitización de las casas afectadas. Contratando para ello, de forma directa, a la empresa Tres Montes Spa, la que debía facilitar kits de limpieza a vecinos y entregar ayuda monetaria a residentes afectados por el aluvión. Detectándose que para proceder con la contratación de dicha empresa hubo, por parte de los imputados municipales, modificaciones al diseño del contrato generándose una sobrevaloración del precio del contrato. Mientras que para concretar la firma del documento no se exigió, por parte de la municipalidad, las garantías que la Ley exige para velar por la ejecución de los servicios contratados.    

A partir de estas acciones, la investigación realizada arrojó que el municipio pagó a los representantes de la empresa, también formalizados, por servicios que no se realizaron. Así  dio cuenta el informe de la Contraloría, el cual estableció que de las 696 viviendas informadas por la empresa contratada para solicitar el primer pago por sus servicios, 291 no figuraban en el catastro municipal, y que de las 256 casas señaladas en el estado de pago sólo 202 estaban incluidas en el catastro de la municipalidad.

Un tercer hecho expuesto en la formalización se refirió a actos fraudulentos en el interior del municipio con la finalidad de generar el pago a favor de la constructora. Según indicó el fiscal Luis Miranda, una vez que el administrador municipal obtuvo la certificación de la supuesta realización de los trabajos, informe que suministró un funcionario que había sido nombrado en ese cargo a pesar de no tener el conocimiento técnico y carente de toda competencia en la materia, procedió a solicitar al área administrativa de la municipalidad que efectuara diversas modificaciones al presupuesto de esta entidad edilicia y así reunir los recursos para cancelar el monto de 243 millones de pesos a Tres Montes vía transferencia bancaría, correspondiente al primero de tres pagos pactados.

Cada uno de estos hechos, además de una serie de antecedentes que están insertos en la carpeta investigativa de este caso, formaron parte de la formalización de cargos en contra de los imputados. Instancia judicial en que se fijó un plazo de investigación de 6 meses, no otorgando el Juez de turno las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en contra de las personas investigadas.