La agricultura usa algo más de tres cuartas partes del total de agua que consume el país. Frutales y viñas la requieren todos los días. Se trata de 459.759 has, según Censo Agrícola 2007, por lo tanto, probablemente hoy esa superficie haya aumentado a un 25% del suelo cultivable en el país.

En la inversión pública existe retraso para la capacidad de acumulación y conducción eficiente del agua. Además, es necesaria una mayor capacidad reguladora del Estado para una mejor gestión de la misma en épocas de crisis.

Compensar la pérdida de capacidad de acumulación de nieve en el suelo, que fluye desde la alta cordillera a los valles y que se ha reducido producto del Cambio Climático, a través de zanjas de infiltración y embalses para acumular aguas superficiales y subterráneas, junto con revestimiento de canales y un uso eficiente a nivel predial, es una solución.

Otro punto es el Código de Aguas (1981) y no sus derechos de aprovechamiento ya que cuando no hay, da lo mismo tener derechos. Si el agua abunda, no hay problema, ya que el sistema opera para el acceso de todos los sectores adecuadamente. Si escasea, como estos últimos cinco años, puede haber serias tensiones y pérdidas económicas.

Instrumentos del Estado, como la declaración de zona de escasez hídrica del MOP o emergencia agrícola del MINAGRI, no son suficientes. Por lo pronto debería eliminarse el concepto de “secciones” de los ríos que impiden una gestión integrada del recurso.

Hay que dotar al Estado de capacidades para intervenir en épocas de estrechez hídrica grave, a fin de incidir en una distribución más equitativa de los recursos y favorecer a la mayor parte de los regantes, basado en principios solidarios.

Tonci Tomic Jackas

Académico Ingeniería en Agronegocios

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad Central