Columna de Opinión: Atacama se moviliza

Se cumple más un mes y medio de paralización de los funcionarios públicos de la región, por una demanda asociada a un nuevo trato para Atacama.

Revisar las cifras de pobreza de la región puede facilitar la comprensión nacional acerca de la necesidad de este nuevo trato: Atacama presenta una paradojal gran brecha entre la   pobreza multidimensional que afecta a un  26,2% de su población, versus  la pobreza por  ingresos, que según los datos, alcanzaría apenas un de 7,3%  según la Casen 2013. Esta paradoja, más que ser una cifra difícil de explicar, da cuenta de cómo vive la comunidad pese a sus niveles de ingreso. Aquello es lo que reclaman los trabajadores del sector público: que la región debe tener un "trato especial" con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Además,  hay  dimensiones de la vida que la propia medición de pobreza no  captura  y que se  reflejan en la demanda regional. Están las deudas  medioambientales, los problemas de  conectividad de la región, la calidad en educación, salud, trabajo, y vivienda, el acceso al ocio y la recreación, entre otros.

Reiteradamente hemos escuchado sobre el Bono Atacama como una petición sindical para mejorar las condiciones salariales, con el fin de solventar el alto costo de la vida.  Aún así las demandas de este sector no se asocian solo a un bono, más bien son demandas sociales que cruzan de forma transversal a todos quienes habitamos en la región.  Los temas levantados años antes  y dejados como acuerdo en 2014, se asocian a los problemas de calidad de vida mencionados y se suman al bono especial de zona, todo ello para hacer justicia frente a las  particularidades territoriales y el real  costo de vida de los funcionarios públicos.

Luego del aluvión del 2015, los temas pendientes empeoraron, pero pasada la emergencia, se  han vuelto invisibles para los medios de comunicación y para el resto del país.  Recientemente se dio a conocer un estudio levantado por el INE, donde varias de nuestras regiones de las zonas norte y sur (extremas), son vistas como las  más económicas para vivir. Aun así, los antecedentes que se entregaron no permiten un análisis de costo de la vida, del mismo modo los resultados no son representativos para todos los territorios.  No  se consideran las particularidades de Atacama, por ejemplo. En Copiapó, el costo del metro cúbico de agua (empresa Aguas Chañar)es de $1.031, a diferencia de Quinta Normal donde vale $305 (empresa Aguas Andinas) y de La Serena  donde se paga $638,48 (empresa Aguas del Valle). Como se ve, este servicio básico en Copiapó está por sobre el costo promedio del país, y si a esto le sumamos el valor del agua purificada que los habitantes de la región deben  adquirir para su consumo, el valor se incrementa considerablemente.

Otro tema donde se pueden apreciar las brechas sociales que afectan a Atacama es  la educación. Los resultados del SIMCE años 2012 a 2014, dan cuenta de una brecha importante entre los colegios municipales y particulares, dejando a la región en los últimos  lugares a nivel nacional. Lo mismo ocurre con la educación superior: la escasa oferta de carreras universitarias hace que la región se encuentre entre las  tres primeras con menor participación en matrículas en Chile, lo que provoca la migración de los jóvenes para acceder a la educación.

La región de Atacama además, se caracteriza por una economía sustentada principalmente en la minería, lo que trae consigo inequidades en el territorio, problemas medioambientales y efectos en la sociedad: en primera instancia un incremento en el ingreso pero de forma desigual. Aun así es errado pensar que el ingreso va a solucionar los problemas de fondo,  no podemos centrarnos solo en un bono, aunque sea algo  básico para aminorar las  brechas salariales. Lo que se requiere es una política y una estrategia regional, que promuevan y materialicen soluciones integrales.

La actual situación de Atacama no es otra cosa que una lucha por una distribución más equitativa de la riqueza, pero al mismo tiempo, esta  reivindicación nos llama a cuestionarnos y  comprender  que el ingreso por sí solo no mejora la calidad de los servicios ni incrementa el bienestar de la comunidad. o ¿Será en realidad, un llamado de atención desde  las regiones  que buscan o anhelan un trato igualitario?