Con cuestionamientos, pero sin sorpresa, reaccionaron las organizaciones de fiscalizadores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolviera no presentar una querella en el marco del caso Johnson’s.

Cabe recordar que la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación para determinar si es que en la condonación a Johnson’s se cometieron delitos como cohecho, tráfico de influencias y fraude al Fisco, luego que un grupo de diputados opositores presentaran una querella.

La semana pasada, el pleno del CDE analizó el informe de la Contraloría General que dio cuenta de un eventual un conflicto de intereses del ex director, Julio Pereira, y el ex subdirector jurídico, Mario Vila. Esto, debido a que ambos trabajaron en PriceWaterhouseCoopers, empresa que asesoró a Johnson’s para obtener la condonación de multas e intereses por deudas tributarias.

Sin embargo, los consejeros estimaron que el informe de Contraloría solo involucra temas administrativos y no existen antecedentes suficientes para interponer una acción judicial. De este modo, ratificaron la decisión que ya habían tomado en julio.

Esto provocó los cuestionamientos del presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien sostuvo que desde un principio el CDE asumió una posición de defensa de Julio Pereira y Mario Vila.

Asimismo, Apablaza afirmó que “sería bastante impresentable que el Ministerio Público resolviera la querella y el tribunal la acogiera tomando como antecedente la negociación incompatible de funcionario público con empresas privadas, toda vez que en los antecedentes que emanan de la Contraloría se comprueba que la participación de altos directivos del servicio con algunas empresas privadas. Si el tribunal acogiera esta querella y determinara algún tipo de sanción, la pregunta sería por qué el CDE resolvió no presentar una querella por falta de antecedentes”.

Con esto coincidió Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, quien acusó al CDE de eludir su responsabilidad y calificó la determinación como incomprensible.

En ese sentido, Insunza recalcó que el caso involucra no solo responsabilidades administrativas: “Estamos hablando de un caso en que hay perjuicio fiscal. Ha habido una condonación absolutamente irregular, un procedimiento para cancelar deudas tributarias que no se ha hecho para ningún otro contribuyente en el país y que por lo bajo tiene un impacto fiscal de más de 100 millones de dólares, que el Fisco dejó de percibir por esta vía. Si el CDE quiere hacer la vista gorda frente a esto, raya en la renuncia a sus obligaciones en defensa del patrimonio y de la actuación del Fisco”, declaró.

Los cuestionamientos fueron compartidos por el diputado DC Fuad Chahín, quien lideró la comisión investigadora sobre el caso en la Cámara de Diputados. El parlamentario advirtió que “tarde o temprano, el CDE va a tener que querellarse, porque cuando aparezcan los resultados del sumario que está en curso va a quedar en evidencia que estamos indudablemente ante un caso de negociación incompatible. El CDE va a tener que querellarse para que se investiguen hechos que pueden ser constitutivos de delitos”.

Además, Chahín subrayó que “desde un principio, el presidente del CDE ha tratado de bajar el perfil a este tema. Prácticamente se ha transformado en un abogado de Pereira y no en un representante de los intereses fiscales”.