Autoridades afirman que la emergencia sanitaria en Freirina aún no está superada

02 Abril 2017

Además el Sernac ofició a Aguas Chañar por contaminación de agua potable con petróleo.

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Siguen los coletazos luego de la contaminación del agua potable de Freirina, con 8 litros de petróleo y que afectaron a los consumidores de la comuna. 

El Subsecretario de Salud, Jaime Burrow aseguró que el "personal de la oficina provincial de la Seremi de Salud pudo corroborar en su fiscalización que las características organolépticas de olor, color e incluso sabor dan y orientan a que el agua está contaminada por un hidrocarburo lo que es un grave riesgo para la salud de la población". 

El Subsecretario enfatizó que "la autoridad sanitaria no da por superada la emergencia hasta que no comprobemos que existe riesgo sanitario, por lo tanto lo que comunique la empresa sanitaria es totalmente indiferente, por lo que nosotros seguimos en estado de alerta frente a esta situación”, anunciando  “incluso que la sanitaria puede llegar a tener una responsabilidad penal respecto a la contaminación de las aguas para el uso y consumo humano, establecido en el código penal”. 

"Han sido ya retirados los hechos irregulares en donde una empresa sanitaria que tiene que entregar un servicio en la región de Atacama lo hace de manera deficiente, o simplemente generando una emergencia sanitaria como la que hemos vivido en la comuna de Freirina, poniendo en riesgo a nuestros vecinos", afirmó la diputada Yasna Provoste. 

En tanto el SERNAC de Atacama ofició a la empresa sanitaria Aguas Chañar por la contaminación con petróleo del agua potable que afectó a consumidores de la comuna de Freirina. 

En el oficio, el Servicio le solicitó a la compañía que le explique las causas del problema, la cantidad de clientes afectados, las medidas de mitigación, entre otros aspectos.

El Director Regional del SERNAC, Eduardo Marín, explicó que si una compañía comete un error, debe entregar soluciones adecuadas y oportunas, mejorar sus procesos para que no vuelvan a ocurrir y hacerse cargo de todos los daños que el corte pueda provocar a los consumidores. 

“Los consumidores tienen derecho a consumir o contratar servicios con seguridad. Esto significa que las empresas tienen que cumplir con su deber de profesionalidad y tomar todas las medidas necesarias para no arriesgar la seguridad de las personas”, indicó Marín.