El Seremi de Gobierno Jorge Hidalgo, se refirió a la importancia que tiene para la ciudadanía la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar señalando que “como Gobierno estamos garantizando el fin del lucro, el copago y la selección, con esta ley que beneficiará a todos los chilenos y chilenas, ya que la promulgación del proyecto, garantiza el derecho que tenemos todos sin distinción de ningún tipo a educarnos en una sociedad libre”.

El vocero agregó que “con esta ley el gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet, esta cumpliendo con un importante compromiso de su programa, que es terminar con la discriminación y garantizar que todos los estudiantes puedan tener acceso a una educación de calidad, donde no se discrimine bajo ninguna circunstancia y se respete el derecho de acceder a educarnos en un sistema donde el dinero deje de ser un impedimento”.

Esta ley puntualizó Hidalgo “es un triunfo de la sociedad en su conjunto que luchó por años para conseguir terminar con el lucro, el copago y la selección, la Ley de inclusión escolar viene a cumplir con el objetivo por el cual durante años lucharon los estudiantes y sus familias”

La nueva normativa entrará en vigencia el 1 de enero de 2016 y promueve el principio de no discriminación arbitraria e inclusión y el principio de gratuidad progresiva en los establecimientos subvencionados, que reciben aportes permanentes del Estado.

En este sentido se establecen derechos de los estudiantes respecto a su permanencia en establecimientos educacionales. Los procesos de admisión deben ser transparentes y se prohíbe la petición de antecedentes socioeconómicos a la familia del postulante y el nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres o apoderados.

La ley define un proceso de transición para el reemplazo pleno por parte del Estado del copago que realizan las familias en muchos colegios particulares subvencionados. En el caso de la educación provista directamente por el Estado, será fortalecida con un fondo de 250 mil millones de pesos anuales, de uso exclusivo para la educación pública que comenzará el próximo año y se extenderá por los años 2017, 2018 y 2019.