Polémica por despidos de trabajadores en Gobernación de Copiapó

Polémica por despidos de trabajadores en Gobernación de Copiapó

23 Marzo 2018

La ex Gobernadora de Copiapó califica de lamentable despidos de servidores públicos de entidad provincial

Equipo El QueHa... >
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Como lamentable e injusta “por decir lo menos”, fue calificada la decisión del actual Gobernador de la Provincia de Copiapó, de poner término a los contratos de 3 funcionarios públicos, por parte de la ex autoridad provincial, Ericka Portilla.

La abogada, expresó que las personas desvinculadas durante el pasado miércoles 21 de marzo “son personas dedicadas, con vocación de servicio público, queridos y valorados por su entorno”.

Portilla subrayó que “el Gobernador faltó a su palabra, a un compromiso público con los y las trabajadoras de la Gobernación. No se dio el tiempo de conocerlos para evaluarlos, tal como lo había manifestado públicamente. Este acto de inconsecuencia es preocupante, ya que la credibilidad se desdibuja a través de subterfugios administrativos que, en su momento, tendrán que ser acreditados”.

La Ex Gobernadora aseguró que “espero que esta forma de actuar se detenga, se reflexione en torno a sus consecuencias y se valore el conocimiento, la experiencia, entre otros factores, en consideración a que las nuevas autoridades requieren de soporte técnico que les permita hacer una buena gestión. Los funcionarios públicos tienen derecho a pensar libremente, estamos en Democracia, y no por ello sufrir de inestabilidad laboral, menos en un contexto donde todas las personas queremos un mínimo de certeza, de empatía para hacer de nuestras vidas lo mejor”.

“Son señales que alejan a las autoridades de los y las trabajadoras, de sus familias y de quienes los acompañan, en definitiva, los alejan de las personas más sencillas. El nuevo Gobierno se está instalando y con este tipo de decisiones, de sus mayores representantes en la región, generan un ambiente de incertidumbre, a lo menos, que deteriora los ambientes de trabajo de los equipos del servicio público, lo que indudablemente repercute en la atención de los usuarios. Lo mismo ocurre con la llegada de asesores que sin título alguno que los habilite como servidores públicos, se instalan en las reparticiones del Estado. La probidad, al menos, demandaría prudencia en el actuar a fin que la presura por incorporar equipos de confianza no se enfrente a la legalidad”, finalizó.