Gobierno promulga ley del multirut en medio de críticas por inútil judicialización

Durante todo el debate del proyecto, diversos sectores han cuestionado su real impacto en el mundo del trabajo. 

Imagen de Radio U. de Chile
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05 de Julio, 2014 08:07

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que regula el multirut y en un discurso dado en La Moneda, la Mandataria aseguró que “este se establece un nuevo concepto de empresa en el ordenamiento jurídico laboral que permitirá resguardar derechos laborales y colectivos de los trabajadores”

Agregó “el uso de múltiples razones  (sociales) de las empresas atentaba contra los derechos colectivos, fragmentando la representación de organizaciones sindicales y disminuía el poder de los sindicatos”, explicando la importancia de terminar con el multirut.

“Tras ocho años de estar en el Congreso de la República, este acuerdo se convierte en ley”, aseguró Bachelet.

Sin embargo, las críticas sobre este proyecto abundan. Diversos actores han señalado –a lo largo de la tramitación- que se carece de apreciaciones técnicas importantes.

“Contrario a lo que indica el título del proyecto, ya hoy no estamos modificando el concepto de empresa. Por lo mismo, nada cambia en principio y no se obliga a eliminar la práctica del multirut para burlar las obligaciones laborales y los derechos de los trabajadores, sino que sólo en caso que los trabajadores lo lleven a tribunales, éstos podrán declarar que más de una empresa debe entenderse como empleador”, dijo el diputado Giorgio Jackson, en una declaración que aseguró no pudo ser compartida en el Congreso por el cierre del debate.

“Por lo demás, se obliga a entablar un juicio, algo que es costoso y demoroso para los trabajadores, en vez de que se resuelva por la Inspección del Trabajo. En el procedimiento de hoy, la Inspección (del Trabajo) fiscaliza y determina que en los hechos se trata de una unidad; con la modificación los trabajadores deben mostrar al tribunal que ‘jurídicamente’ se trata de un empleador, y esta definición cuenta con nuevas limitaciones -inexistentes en la legislación actual- que tienen que concurrir. ¿Son ‘similares’ una empresa que realiza la reposición y otra que está a cargo de las cajas de un supermercado? Probablemente los abogados de la empresa digan que no…y el juez tendrá que aceptarlo como argumento suficiente”, agregó a los medios de comunicación.

Raúl Campusano, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo (Anfuntch), ya lo había señalado en Radio Universidad de Chile.

“Hay muchísimos casos de multirut que se han discutido y resuelto en los tribunales, ahí no está el punto, lo que es novedad es que es una judicialización exclusiva, es decir, se le entrega a los tribunales quitándole las facultades que también tiene la Dirección del Trabajo”, dijo en entrevista con este medio.

Y agregó que “normalmente en el ámbito de control de cumplimiento y control de fraude, primero actúa la Dirección del Trabajo porque no se requieren recursos, es más fácil acceder, nosotros tenemos cien oficinas de inspecciones a lo largo de todo el país, más de quinientos funcionarios fiscalizadores y, por lo tanto, lo normal es que por diferentes niveles de incumplimiento los trabajadores recurran ante nosotros”.

Asimismo, aseguró que el proyecto no considera a los trabajadores que no están sindicalizados y el fraude se da respecto del término de la identidad del empleador y no de todas las normas.

En una entrevista, Christian Mellis, Director del Trabajo, respondió a las críticas: “Entendemos que trasladar el tema a los Tribunales de Justicia, primero le da más certeza a los actores involucrados. En segundo lugar, la DT en el pasado ya ha tenido experiencia para referirse a temas muy difíciles como estos, y los Tribunales han cuestionado las competencias del servicio para hacer esto”.

Pero estas explicaciones no son suficientes para los críticos a la nueva ley.  Giorgio Jackson agregó un nuevo antecedente en su fundamentación: “Como si no fuera suficiente se bloquean las negociaciones colectivas durante un juicio que puede durar años, limitando la posibilidad de que los trabajadores negocien en grupo mejoras de sus condiciones laborales. Nuestro Estado tiene un compromiso internacional con promover la sindicalización y la negociación colectiva, en base a los convenios 87 y 98 de la OIT y con esta reforma claramente no los está honrando”.

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