La Fiscalía de Atacama se encuentra en pleno desarrollo de investigaciones que dicen relación con la responsabilidad en el manejo de residuos peligrosos y tóxicos ligados a derrames de material minero que ocurrieron en distintos sectores de Copiapó, frente a lo cual se abrieron causas por oficio una vez que se tomó conocimiento de lo ocurrido.

Ambos casos están siendo indagados por el fiscal Luis Miranda Flores, quien manifestó que se busca determinar si se está o no ante hechos que se ajusten a delitos medioambientales. Para ello, ordenó diligencias investigativas a funcionarios especializados de la Bidema de la PDI, en colaboración con la Superintendencia del Medio Ambiente, Onemi, Sernageomin y otros organismos auxiliares de apoyo a la función del Ministerio Público.

Respecto de los casos, indicó que el primero de ellos ocurrió el pasado 25 de julio en el sector de la ruta C-31 cercana al camino Internacional, lugar en que por causas que son materia de investigación una tubería transportadora de relave perteneciente a la empresa Atacama Kozan, originó un derrame de material que obligó a equipos de emergencia a realizar tareas destinadas a controlar la fuga y evitar que escurriera a otros sectores.

Un segundo hecho de similares características se detectó el pasado 01 de agosto en las inmediaciones de la Mina San José, lugar en que personas que circulaban por el sector detectaron la fuga de un material que resultó ser pulpa de mineral de fierro desde un ducto perteneciente a la minera Cerro Negro Norte. Lo que motivó las acciones respectivas tendientes a recuperar el material y evitar su avance a otras zonas del desierto.

Respecto de ambos hechos la Fiscalía de Atacama tomó conocimiento y abrió investigaciones por oficio luego que el fiscal Miranda se hiciera presente en las emergencias medioambientales, ocasión en que recabó los primeros antecedentes.

En relación a las causas, el fiscal indicó que actualmente se está a la espera de los resultados de las diligencias investigativas ordenadas a los funcionarios policiales, cuyos informes serán analizados jurídicamente para determinar las acciones a seguir en materia de persecución penal de un posible delito al medioambiente.