Caserones: Abogado de agricultores y comunidades indígenas exige “paralización” del proyecto

Caserones: Abogado de agricultores y comunidades indígenas exige “paralización” del proyecto

20 Marzo 2015

Esto luego que la Superintendencia del Medio Ambiente cursara una millonaria multa en contra de Lumina Cooper Chile por el hallazgo de 17 infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

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La paralización total del proyecto minero Caserones solicitó el abogado que representa a los agricultores y comunidades indígenas del Valle de Copiapó, Jorge García Nielsen, en el marco de la determinación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)  de cursar una multa de $7.620 millones a la Minera Lumina Cooper, por incurrir en 17 infracciones a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Si bien, el especialista en Derecho Ambiental indicó que la sanción aplicada por el organismo acoge en cierta medida la solicitud de las comunidades en cuanto a la recalificación de las infracciones, “nosotros abogamos derechamente, e incluso desde antes de esta resolución, por la paralización del proyecto. Creemos que hay claros indicios de contaminación de aguas y de que los permisos ambientales de Caserones han sido tramitados de forma incorrecta y deficiente, los que incluso, en algunos casos, se pueden considerar como ilegales”.

En ese sentido, el abogado recalcó que “hoy en día no existen las condiciones ni legales ni técnicas para que el proyecto minero opere asegurando la no contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, o la adecuada disponibilidad de las mismas”. 

Estos puntos son muy sensibles no sólo para los agricultores, sino que para la comunidad completa, pues, según indicó el jurista, a Caserones se le ha permitido extraer  enormes cantidades de agua en medio de una crisis de sequía extrema en el Valle de Copiapó. “Ahí todavía existe un enorme campo de acción, pues la SMA no ha querido abordar el  tema en esta oportunidad”, precisó el jefe del área ambiental del estudio jurídico Araya & Cía.

Respecto del precedente que marca esta sanción – la segunda mayor en monto aplicada por la SMA después de Pascua Lama – García señaló que es de gran importancia, ya que “no sólo impone multas elevadas, sino que también exige medidas urgentes de control, solicitando reportes semanales a la minera respecto de calidad de aguas, cuestión que da a entender la desconfianza de la autoridad hacia el proyecto.  Además, remite antecedentes a la Dirección General de Aguas (DGA) para que aseguren que se cumplen las exigencias. Esto sirve al mismo tiempo para abogar por las paralización del proyecto, lo que lamentablemente la SMA no hace”.

Cabe destacar que durante 2013, funcionarios de distintos organismos regionales - incluidos la  SMA, el Sernageomin, y la Seremi de Salud – realizaron una fiscalización a las dependencias del proyecto Caserones. Luego de eso, la SMA concluyó que existen 17 infracciones a las RCA del proyecto, ocho de ellas graves y nueve leves. Una de las más relevantes se relaciona con el hecho que la compañía inició la  puesta en marcha de las faenas, infringiendo la prohibición expresa de no operar mientras no se validaran los estudios, diseños y sistemas de control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación, lastre y otras instalaciones susceptibles de contaminar las aguas subterráneas y superficiales de la zona. 

Por otra parte, detectaron y sancionaron una serie de incumplimientos relativos a la no implementación de medidas de mitigación que buscan evitar la contaminación de aguas subterráneas, así como también, la construcción de varios tramos de la línea de transmisión eléctrica siguiendo un trazado distinto al autorizado en su RCA.

En su momento, se señaló públicamente que las infracciones constatadas por la SMA eran meramente administrativas, intentando bajarle el perfil a las mismas.  Al imponérsele a la minera la segunda multa más alta existente hasta el momento, se comprueba que ello no era correcto”, concluyó García.

En la actualidad existe un reclamo presentado ante el Tribunal Ambiental que exige la paralización del proyecto Caserones. Los alegatos fueron presentados  en febrero de 2015 y las partes están a la espera de la resolución de esta instancia.