Un largo debate se generó durante la sesión plenaria del Consejo Regional al momento en que el Intendente Miguel Vargas explicaba las razones del menor gasto del presupuesto FNDR durante el año 2015.

Al respecto, la autoridad regional explicó que el presupuesto asignado al bono Atacama que se pagó durante el año pasado a una parte de los funcionarios del sector público con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) fue determinante a la hora del balance en la ejecución del presupuesto, dado que éste no se contabiliza en el ejercicio presupuestario. “Para este año estamos muy complicados en financiar con recursos de la región este bono, la región no está en condiciones de hacerse cargo el 2016 de pagar el bono Atacama, son 8 mil millones de pesos que representan una cantidad de recursos importantes dentro del presupuesto que tiene la región (45 mil millones). El Gobierno actuó conforme a los compromisos asumidos el año pasado, no obstante las dificultades la ejecución del gasto fue buena, cercana al 97%, a pesar del impacto por la paralización de casi tres meses, producto de la catástrofe”. Destacó el Intendente Vargas.

Más adelante, la autoridad de la región dijo que la gran demanda es el nuevo trato para Atacama, que es más que el bono que se pagó a los funcionarios públicos y el Ministro de Hacienda abrió la puerta a la posibilidad de implementar planes de desarrollo con acento en lo productivo para aquellas regiones del norte del país y que han sido afectadas con el tema de la baja del cobre. “Por tanto esto puede ser una oportunidad para la región y a partir de allí se seguirá trabajando con los representantes de los funcionarios públicos, porque esta instancia nos puede servir para allegar más recursos y más líneas de financiamiento y beneficios para la región de Atacama”. Comentó el intendente Vargas.

Por su parte, el consejero Marcos López cree que este bono debe pagarse y si se tiene que sacrificar el presupuesto FNDR se debe hacer. Una posición similar tiene el consejero Javier Castillo, quien recordó que existe un compromiso con la clase trabajadora del sector público, a quien se le prometió la continuidad de este beneficio.

Una postura más cauta tuvo el presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz, quien dijo que este tema es de mucha preocupación para los consejeros regionales y por este motivo están coordinando una reunión con el nivel central para el día 3 de marzo y plantear estos requerimientos y necesidades que tienen los funcionarios públicos.  Son demandas sociales que nos preocupan y estamos abordando no sólo a nivel local, sino también en las instancias del nivel central, sin embargo la ley no faculta el pago de este bono, por tanto no se pueden destinar estos 8 mil millones de pesos del FNDR para este compromiso de competencia del Ministerio de Hacienda.

El consejero Fernando Ghiglino también tiene una mirada más recatada respecto a la procedencia de los fondos para este beneficio. Según dijo debe presionarse al Ministerio de Hacienda, porque son ellos quienes pueden destinar los recursos para cumplir con este compromiso de Gobierno. No está de acuerdo en destinar fondos del FNDR para financiar este “bono” porque la región tiene muchas necesidades y prioridades que materializar producto de los aluviones del 25 de marzo.