El tsunami  del 11 de marzo reavivó la discusión sobre la propiedad de los terrenos donde están emplazadas las viviendas de Puerto Viejo y de otros balnearios costeros.

En una preocupante entrevista realizada el 20 de marzo, la Intendenta Ximena Matas decía: “En el caso concreto de Puerto Viejo, sabemos que son terrenos privados. Sin embargo, tratándose de terrenos privados, el ministerio de Vivienda y Urbanismo a solicitud de Obras municipales del municipio respectivo -Caldera-,  atendido a que las viviendas que allí se emplazan no cumplen con la ley, pueden ser erradicadas e incluso demolidas”.

Lo que expresa aquí la Intendenta es la médula de un plan que se viene esbozando hace meses por la primera autoridad regional y algunos de sus seremis, un plan que no es otro que desalojar a los vecinos de Puerto Viejo y de otros poblados costeros. En círculos del ejecutivo regional se ha dicho que lo que les preocupa no es el costo político del desalojo, sino el costo económico, el cómo erradicar, desarmar o demoler  2.500 o más casas sólo en Puerto Viejo.

No es la primera vez que los vecinos de Puerto Viejo enfrentan la amenaza de desalojo, pues ya el año 2000 fueron demandados  ante el poder judicial, pero los demandantes no pudieron demostrar la titularidad sobre los terrenos.

Los vecinos organizados en el Comité Pro Adelanto de Puerto Viejo han reunido toda una documentación histórico-jurídica que respalda la tesis de que los terrenos son públicos, una documentación cuyos primeros antecedentes se remontan a los Edictos Reales del período colonial.

Pero los vecinos no están avalados sólo por una argumentación histórica, sino también por un documento oficial del gobierno. Por el Ordinario N° 246 de fecha 30 de abril de 2007 de la Gobernación Provincial de Copiapó, en el cual el gobernador del momento afirma: “Hasta hace poco incluso se consideraba que el terreno era de propiedad particular, sin embargo esta duda fue zanjada a través de la Seremía de Bienes Nacionales que estableció la real pertenencia de los terrenos en donde actualmente se ubican las tomas de Puerto Viejo, atribuyéndose el terreno a bienes fiscales”.

A la luz de este documento oficial se impone la pregunta que habría que hacerle a la Intendenta, es decir: ¿Qué documentación avala su afirmación de que los terrenos de Puerto Viejo son terrenos privados?

Por supuesto, en el caso de Puerto Viejo y de otros balnearios costeros no caben los desalojos, las “soluciones de fuerza”. Sólo la racionalidad y el reconocimiento del Estado y el gobierno al derecho de todo ser humano a la recreación y al descanso y a tener una segunda vivienda para ejercer ese derecho, son la base para una solución justa y real, y es en este contexto donde debe resolverse también el ineludible tema de la seguridad  frente a tsunamis y otros peligros.