Luego de la exposición de los argumentos reunidos por la Fiscalía de Atacama se logró demostrar la culpabilidad de dos imputados que fueron investigados por delitos de carácter sexual, donde ambas víctimas fueron menores de edad y tenían cercanía con los condenados.

Ambas investigaciones fueron dirigidas por el fiscal Christian González, quien indicó que en el primero de los delitos se obtuvo una sentencia condenatoria por los delitos de violación y abuso sexual, actos que el imputado cometió en contra de su hijastra durante un periodo de dos años en la población Rosario de Copiapó.

En la causa la Fiscalía reunió los medios de prueba respectivos para sostener que los hechos descritos en la acusación se ajustaban a la denuncia realizada, la cual indicaba que los abusos comenzaron con tocaciones hacia la víctima para finalmente derivar en el delito de violación. Valiéndose el agresor de la cercanía con la menor, ya que por su calidad de padrastro estaba a su cuidado.

Por este delito el imputado fue sentenciado a la pena de cinco años y un día de cárcel, sanción penal que deberá cumplir de manera efectiva en la cárcel de Copiapó al no recibir beneficios alternativos. 

ABUSO SEXUAL

El segundo caso investigado tuvo su origen en los ataques que sufrió una menor en Tierra Amarilla, luego que durante cuatro años el agresor, conviviente de la madre de la víctima, abusó sexualmente de la afectada.

En esta causa el fiscal González presentó los antecedentes reunidos luego de las órdenes de investigar emitidas, con las cuales se determinó que los ataques ocurrieron en el domicilio que compartía el agresor con la hija de su pareja en la mencionada comuna.

En esta causa la Fiscalía consiguió que los Jueces de la Segunda Sala determinaran la responsabilidad penal del imputado, quien fue condenado por el delito reiterado de abuso sexual aplicando por ello la sentencia de tres años y un día de presidio. Sustituyendo en este caso el Tribunal la pena impuesta por la libertad vigilada intensiva prohibiendo además al condenado aproximarse y comunicarse con la víctima por el mismo periodo que se extienda la sentencia, además de presentarse en la cárcel de Copiapó para someterse a un plan de intervención individual.