La Contraloría General de la República anunció que comenzará a desarrollar un juicio de cuentas por la responsabilidad de la Alcaldesa de Caldera, Brunilda González, y otros 23 funcionarios municipales.

¿El motivo? Sería un presunto daño patrimonial, cuyo monto sería superior a los $35 millones de pesos, por concepto de carga de combustibles improcedentes, gastos ajenos a la función municipal y rebaja injustificada en la aplicación de una multa a una empresa contratista. 

Según señaló Diario Atacama, las irregularidades fueron expuestas en el informe N° 922/2018 de la Contraloría, elaborado tras una revisión a los procesos de adquisición y abastecimiento efectuados a través de licitaciones y tratos directos en la Municipalidad de Caldera, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018 y “se realizaron cargas de combustibles sobre la capacidad de estanque de los mismos (…) cargas de combustible efectuadas en un mismo día, en forma consecutiva y que son superiores a la capacidad de estanque del vehículo”. 

A lo anterior se añade que “consta la realización y compra de las actividades, así como también fotografías de los tazones entregados en los cuales se hace alusión al día internacional de la mujer (…) no observándose que a través de dichas acciones se satisfaga alguna función propia de la entidad edilicia”. 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Según consignó Diario Atacama, respecto a la acción judicial de la Contraloría, desde el municipio de Caldera, el alcalde (s) Felipe Fuentes, señaló que “cada uno de los funcionarios está ejerciendo su derecho y señalando lo pertinente conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República y las imputaciones efectuadas por ello, por lo tanto deberán referirse a estos hechos dentro del procedimiento y no corresponde hacer juicios antes”.